DECRETO LEY NÚMERO 106
ENRIQUE PERALTA AZURDIA
JEFE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA,
CONSIDERANDO:
Que desde hace varios años se ha sentido la
urgente necesidad de reformar la legislación civil, para adaptarla a los
avances de la ciencia y a la natural evolución de las costumbres y demás relaciones
sociales reguladas por esta rama del Derecho;
CONSIDERANDO:
Que también es indispensable unificar, dentro
del Código Civil, varias leyes dispersas que anticiparon reformas o
establecieron nuevas instituciones que, por su propia naturaleza, de ben
figurar en este cuerpo legal;
CONSIDERANDO:
Que la comisión designada para revisar el
proyecto del nuevo Código Civil emitió un informe favorable al mismo, después
de haber introducido las modificaciones que estimó pertinentes;
POR TANTO,
En uso de las facultades que le confiere el
artículo 3º de la Carta Fundamental de Gobierno,
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
El siguiente
CÓDIGO CIVIL
LIBRO PRIMERO
DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA
TÍTULO I
DE LAS PERSONAS
DECRETO-LEY NÚMERO 106
CAPÍTULO I
DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES
ARTÍCULO 1. Personalidad. La
personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte; sin embargo,
al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece,
siempre que nazca en condiciones de viabilidad.
ARTÍCULO 2. Partos Dobles. Si
dos o más nacen de un mismo parto, se considerarán iguales en los derechos civiles
que dependen de la edad.
ARTÍCULO 3. Comoriencia. Si
dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de
ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que
se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas.
ARTÍCULO 4. Identificación de la persona. La
persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su
nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del nombre propio y del
apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieren reconocido.
Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta.
Los hijos de padres desconocidos serán
inscritos con el nombre que les de la persona o institución que los inscriba.
En el caso de los menores ya inscritos en el
Registro Civil con un solo apellido, la madre, o quien ejerza la patria
potestad, podrá acudir nuevamente a dicho Registro a ampliar la inscripción correspondiente
para inscribir los dos apellidos.
Artículo 5. (Reformado por el Artículo 1 de Decreto del Congreso 8-2018) El
que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta
en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los
apellidos que le corresponde, puede
establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura
pública, por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que
tenga interés en la identificación, conforme el procedimiento establecido por
el Código Procesal Civil y Mercantil.
La presencia o ausencia de tilde en un nombre
no lo hace distinto; y por lo tanto, no implica la necesidad de establecer
identificación, otorgar cambio de nombre o realizar tramite, corrección o modificación
alguna."
ARTÍCULO 6. Cambio de Nombre Las
personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona
a quien perjudique un cambio de nombre, puede oponerse a la pretensión del solicitante
en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil.
ARTÍCULO 7. En los
casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen
de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no
modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de
la filiación.
ARTÍCULO 8. Capacidad. La
capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de
edad.
Son mayores de edad los que han cumplido diez y
ocho años.
Los menores que han cumplido catorce años son
capaces para algunos actos determinados por la ley.
ARTÍCULO 9. Incapacidad. Los
mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento,
deben ser declarados en estado de interdicción.
Pueden asimismo ser declarados en estado de
interdicción, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes,
se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos.
La declaratoria de interdicción produce, desde
la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la
persona para el ejercicio de sus derechos; pero los actos anteriores a tal
declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía
notoriamente en la época en que se verificaron.
ARTÍCULO 10. Las
perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero
son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones.
ARTÍCULO 11. Después de
la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán
impugnarse por incapacidad sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de
su muerte, o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se
impugna.
ARTÍCULO 12. La
interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes
del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción qué deducir;
y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad
judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado
incapaz.
ARTÍCULO 13. Quienes
padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia, y los sordomudos
tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan
expresar su voluntad de manera indubitable.
ARTÍCULO 14. Los
incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de
sus representantes legales.
CAPÍTULO II
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
ARTÍCULO 15. Son
personas Jurídicas:
1º. El
Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, La Universidad
de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o
reconocidas por la ley;
2º. Las
fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la
ley.
3º. Las asociaciones sin finalidades lucrativas,
que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales,
políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier
otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva.
Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social
creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también
como asociaciones; y
4º. Las
sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan
las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3º podrán
establecerse con la autorización del Estado, en forma accionada, sin que, por
ese solo hecho, sean consideradas como empresas mercantiles.
ARTÍCULO 16. La persona
jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente
considerados; puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que
sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u
órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o
reglamentos, o la escritura social.
ARTÍCULO 17. Las
iglesias son capaces para adquirir y poseer bienes y disponer de ellos, siempre
que los destinen exclusivamente a fines religiosos, de asistencia social o a la
educación.
Su personaría se determina por las reglas de su
institución.
ARTÍCULO 18. Personalidad de las Asociaciones Civiles.
Las instituciones, los establecimientos de asistencia social y
demás entidades de interés público, regulan su capacidad civil por las leyes
que las hayan creado o reconocido, y las asociaciones por las reglas de su
institución, cuando no hubieren sido creadas por el Estado. La personalidad
jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el
registro del municipio donde se constituyan. El acto de su inscripción no
convalida las disposiciones de sus estatutos que adolezcan de nulidad o que
sean anulables. La acción correspondiente podrá ejercitarse por quien tenga
interés en el asunto o por la Procuraduría General de la Nación.
El Organismo Ejecutivo deberá emitir en un
plazo no mayor de tres meses después de la entrada en vigencia de la presente
ley, el reglamento que norme y establezca los requisitos de inscripción ante el
Registro Civil.
ARTÍCULO 19. Las
personas jurídicas a que se refiere el inciso 4º. del artículo 15, quedan sujetas
a lo convenido en su escritura constitutiva o en sus estatutos debidamente
aprobados por la autoridad que corresponda.
ARTÍCULO 20. Las
fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento. En el instrumento
de fundación debe indicarse el patrimonio afecto y el fin a que se destina y la
forma de administración. La autoridad respectiva aprobará el funcionamiento de
la fundación sino fuere contraria a la ley, y a falta de disposiciones
suficientes, dictará las reglas necesarias para dar cumplimiento a la voluntad
del fundador.
El Ministerio Público deberá vigilar por que
los bienes de las fundaciones se empleen conforme a su destino.
ARTÍCULO 21. Si el fin
de la fundación no fuere realizable, o si resultaren insuficientes los bienes
para la finalidad propuesta, o se hiciere oneroso su mantenimiento, probadas
estas circunstancias ante el juez de Primera Instancia competente, será
incorporado el patrimonio dela fundación a otra institución que persiga fines
análogos, salvo lo que a este respecto hubiere dispuesto el fundador.
ARTÍCULO 22. Las
fundaciones extranjeras quedan sujetas a las anteriores disposiciones en cuanto
a su aprobación y funcionamiento.
ARTÍCULO 23. Quienes
integren uniones, asociaciones o comités que se propongan llevar acabo fines de
socorro o de beneficencia u obras públicas, monumentos, exposiciones, festejos
y similares, cuando no tengan personalidad jurídica, son responsables
solidariamente de los fondos que recauden y de su inversión en la finalidad
anunciada. Cuando ésta no se haya realizado, los fondos recogidos serán
destinados mediante disposición de la autoridad, a fines de asistencia social.
ARTÍCULO 24. Las
personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes
que en el ejercicio de sus funciones perjudiquen a tercero, o cuando violen la
ley o no la cumplan; quedando a salvo la acción que proceda contra los autores
del daño.
ARTÍCULO 25. Las
asociaciones podrán disolverse por la voluntad de la mayoría de sus miembros y
por las causas que determinen sus estatutos. También pueden disolverse por acuerdo
de la autoridad respectiva, a pedido del Ministerio Público, cuando se
compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público.
ARTÍCULO 26. Disuelta
una asociación, los bienes que le pertenezcan tendrán el destino previsto en
sus estatutos; y si nada se hubiere dispuesto, serán considerados como bienes vacantes
y aplicados a los objetos que determine la autoridad que acuerde la disolución.
ARTÍCULO 27. La
extinción de la persona jurídica no la exime de las responsabilidades que hubiere
dejado pendientes; y no cesará la representación de las personas que la hayan
tenido sino hasta que estén fenecidos los asuntos relacionados con dicha
persona jurídica.
ARTÍCULO 28. Las
compañías o asociaciones legalmente constituidas en el extranjero, podrán establecerse
en el país o tener en él agencias o sucursales, previa autorización del
Ejecutivo.
ARTÍCULO 29. No se dará
la autorización a que se refiere el artículo anterior, sin que la compañía o
asociación compruebe legalmente estar constituida y autorizada con arreglo a
las leyes del país de su domicilio; que por su constitución y fines no se
opongan a las leyes de la República y que ha nombrado mandatario expensado y
arraigado con todas las facultades generales y especiales que la ley exige para
responder de los negocios judiciales y extrajudiciales que se relacionen con la
compañía o asociación. Si el apoderado no tuviere todas estas facultades, se le
considerará investido de ellas, por ministerio de la ley.
ARTÍCULO 30. Las
compañías o asociaciones extranjeras que tengan negocios en la República, están
obligadas:
1º.
A establecer agencias o sucursales
que atiendan dichos negocios;
2º.
A tener contabilidad, en forma
legal y escrita en español, en que consten las operaciones o negocios que
verificaren en el país; y
3º.
A someterse a las leyes y tribunales de la
república para la decisión de las cuestiones judiciales a que den lugar los
negocios de la agencia o sucursal.
ARTÍCULO 31. Las
compañías o asociaciones extranjeras, establecidas en Guatemala y las sucursales
y agencias extranjeras, que infrinjan las prescripciones contenidas en el
artículo anterior, podrán ser clausuradas por la autoridad administrativa, sin
perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades en que hubieren incurrido
con ocasión de sus actividades.
Las fundaciones, instituciones,
establecimientos de asistencia social y asociaciones cuyas finalidades sean de
interés público, estarán sometidas a la vigilancia del Estado. Dichas entidades
y las sociedades por acciones, podrán también ser intervenidas por el Ejecutivo
cuando el interés o el orden público lo requieran.
CAPÍTULO III
DEL DOMICILIO
ARTÍCULO 32. El
domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo
de permanecer en él.
ARTÍCULO 33. Se presume
el ánimo de permanecer, por la residencia continua durante un año en el lugar.
Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental
o que se tiene en otra parte.
ARTÍCULO 34. Si una persona
vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se
considera domiciliada en cualquiera de ellos; pero si se trata de actos que
tienen relación especial con un lugar determinado, éste será el domicilio de la
persona.
ARTÍCULO 35. La persona
que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se
encuentra.
ARTÍCULO 36. El
domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su
residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente.
ARTÍCULO 37. Se reputa
domicilio legal:
a)
Del menor de edad e incapacitado,
el de las personas que ejerzan la patria potestad, o la tutela.
b)
De los funcionarios, empleados,
dependientes y demás personas, el lugar en que prestan sus servicios; pero los
que accidentalmente se hallen desempeñando alguna comisión, no adquieren domicilio
en el lugar;
c)
De los militares en servicio
activo, el lugar en que están destinados;
d)
De los que se hallen extinguiendo
una condena, el lugar donde la extinguen, por lo que toca a las relaciones
jurídicas posteriores a ella; en cuanto a las anteriores, conservarán el último
que hayan tenido; y
e)
De los agentes diplomáticos
guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último
domicilio que tenían en el territorio nacional.
ARTÍCULO 38. El
domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que
conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o
sus oficinas centrales.
ARTÍCULO 39. También se
reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o
sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en
que se hallan dichas agencias o sucursales respecto de los actos o contratos
que éstas ejecuten.
ARTÍCULO 40. Las
personas, en sus contratos, pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento
de las obligaciones que éstos originen.
ARTÍCULO 41. La vecindad
es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las
mismas leyes que el domicilio.
La vecindad confiere iguales derechos e impone
las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros.
CAPÍTULO IV
DE LA AUSENCIA
ARTÍCULO 42. Es ausente
la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio
en ella.
Se considera también ausente, para los efectos
legales, la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se
ignora.
ARTÍCULO 43. Declaración de ausencia para la presentación
en juicio. Toda persona que tenga derechos qué ejercitar u obligaciones qué
cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario
legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de
las obligaciones del mandante; y si no lo hiciere, se le declarará ausente a
petición de parte.
ARTÍCULO 44. La
declaratoria anterior tendrá como único objeto, nombrar defensor judicial al ausente,
para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho
enjuicio.
ARTÍCULO 45. Si el
ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en
juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en éste.
A falta de apoderado, el juez nombrará a una
persona de notoria honradez, arraigo y competencia.
ARTÍCULO 46. Termina el
cargo de defensor Judicial del ausente:
a)
Desde que termine el litigio en que
se le nombró;
b)
Desde que se provea de guardador de
bienes al ausente; y
c)
Desde que el ausente se apersone por sí o por
medio de apoderado con facultades suficientes.
ARTÍCULO 47. Declaración de ausencia para la
guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el
ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el
Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de
guardador de sus bienes.
ARTÍCULO 48. Si el
ausente hubiere dejado mandatario se procederá como lo expresa el artículo 45.
ARTÍCULO 49. La ausencia debe ser declarada
judicialmente. Concluido el procedimiento respectivo y hecho
el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada entre las que
menciona el artículo que precede, recibirá los bienes, llenando previamente los
requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus
cargos el defensor específico y el depositario provisional.
ARTÍCULO 50. El
representante del ausente es administrador de los bienes de éste y tiene las mismas
obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores, en lo que fueren
aplicables.
ARTÍCULO 51. El
guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de Primera
Instancia competente, de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo
340.
ARTÍCULO 52. Cuando el
guardador sea removido por su culpa no tendrá derecho a retribución alguna.
ARTÍCULO 53. Termina el
cargo de guardador:
1º.
Cuando se apersona el ausente por
sí o por medio de apoderado;
2º.
Cuando se extinguen los bienes o
dejan de pertenecer al ausente;
3º.
Cuando fallezca el guardador, se le
admita la renuncia o se le remueva del cargo, según las reglas establecidas
para el tutor en lo que fueren aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio
a nombrar nuevo guardador; y
4º.
Cuando se da la administración a
las personas que indica el artículo 55.
ARTÍCULO 54. El
Ministerio Público y los parientes del ausente deben denunciar al juez de Primera
Instancia respectivo, las causas de remoción del guardador.
ARTÍCULO 55. Administración por los parientes. La
administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos
del ausente y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de
sucesión que establece la ley.
ARTÍCULO 56. Antes de
concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario
y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio
si el ausente fuere casado.
ARTÍCULO 57. Los
parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza
por el valor de los bienes del ausente. Mientras no se otorgue la expresada
garantía, no cesará la administración del guardador.
ARTÍCULO 58. Al entrar
el administrador designado en posesión de los bienes, cesará la representación
del guardador, quien deberá rendirle cuentas de su administración.
ARTÍCULO 59. Los
parientes que tuvieren la administración, asumirán la representación legal del
ausente y harán suyos los frutos naturales y civiles de los bienes.
ARTÍCULO 60. El
administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente, sin llenarlas
formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o
incapacitados.
ARTÍCULO 61. El
guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos
por sucesión u otro título gratuito, deben denunciarlos al juez respectivo
dentro de quince días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos, la
garantía que hubieren prestado.
ARTÍCULO 62. Se reputa
vivo al ausente, para el efecto de adquirir por cualquier título, mientras no
se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes.
ARTÍCULO 63. Muerte presunta y posesión de los
herederos. Transcurridos cinco años desde que se decretó la administración
por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá
declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos
testamentarios o legales, pedir la posesión de la herencia.
ARTÍCULO 64. Podrá
asimismo declararse la muerte presunta:
a)
De la persona que desapareciere durante
una guerra en que haya tomado parte o se hubiere encontrado en la zona de
operaciones, cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se
tenga noticias de ella;
b)
De la persona que se hubiere
encontrado a bordo de un buque náufrago, o al verificarse un accidente de
aviación, cuando haya transcurrido un año desde su desaparición; y
c)
De la persona cuyo cadáver no haya
sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio,
terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro.
ARTÍCULO 65. Cuando no
constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el
juez fijará el día y la hora en que se reputen ser los de la muerte, en vista
de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presenten
los interesados.
A falta de datos acerca de la hora del
fallecimiento, se fijará como tal, la última hora del día presuntivo de la
muerte.
ARTÍCULO 66. La herencia
corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada
como día de la muerte presunta.
ARTÍCULO 67. En
cualquier tiempo en que se estableciere la fecha exacta del fallecimiento del ausente,
en esa fecha se considerará abierta la sucesión para el efecto de declarar
quiénes son los herederos.
ARTÍCULO 68. La resolución
que declare la muerte presunta así como la que otorgue la posesión definitiva
de los bienes, será inscrita en los registros del estado civil y de la
propiedad inmueble que correspondan.
ARTÍCULO 69. En
cualquier estado en que aparezca revocado el testamento que motivó la posesión
definitiva, o que se presente otro testamento posterior del ausente, se
conferirá la herencia a los que resulten herederos según los documentos
últimamente aparecidos.
ARTÍCULO 70. Decretada
la posesión definitiva, los propietarios de bienes usufructuados, los legatarios
y, en general, todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición
de muerte del ausente, podrán hacerlos valer.
ARTÍCULO 71. Cesará la
posesión definitiva cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente;
desde entonces, el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a
todas las obligaciones de éste.
ARTÍCULO 72. Los que por
cualquier título tengan la administración o custodia de los bienes del ausente,
o hayan obtenido la posesión definitiva de ellos, no podrán retenerlos por
causa alguna ni rehusar su entrega inmediata al ausente que regrese o a la
persona que legalmente lo represente. El ausente, mientras viva, conserva la
posesión civil de estos bienes, bajo el amparo de la ley.
ARTÍCULO 73. Los
poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derecho a
recibirlos, en los términos que la ley establece.
ARTÍCULO 74. Los efectos
jurídicos de la declaración de ausencia y de muerte presunta, respecto a los bienes,
se determinan por la ley del lugar en que se hallen situados.
Las demás relaciones jurídicas seguirán sujetas
a la ley que anteriormente las regía.
ARTÍCULO 75. Si el
ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aun después de la
posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que éstos se
encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se
haya hecho de ese precio.
ARTÍCULO 76. Los
herederos o legatarios que hayan obtenido la posesión definitiva de los bienes,
no podrán adquirirlos por prescripción.
ARTÍCULO 77. Matrimonio del cónyuge. Si
el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, éste será
válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos
conociera la circunstancia de estar vivo el ausente. En este caso, la acción de
nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado, al casarse, que
aquél vivía. Esta acción prescribe a los seis meses contados, para el ausente,
desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio; y para el
cónyuge, desde que supo la supervivencia del ausente.
TÍTULO
II
DE
LA FAMILIA
CAPÍTULO
I
DEL
MATRIMONIO
PÁRRAFO
I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio
es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente,
con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar
a sus hijos y auxiliarse entre sí.
ARTÍCULO 79. El matrimonio se funda en la igualdad de
derechos y obligaciones de ambos cónyuges, y en su celebración deben cumplirse
todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este Código para su
validez.
ARTÍCULO 80. Esponsales. Los esponsales no
producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la
restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que
no se efectuó.
ARTÍCULO 81. Aptitud para contraer
matrimonio. (Reformado por el Artículo 1 del Decreto del Congreso 8-2015) Se establece
los dieciocho (18) años de edad, como la edad mínima para contraer matrimonio.”
ARTÍCULO 82. Derogado por el
Artículo 1 del Decreto 13-2017 del Congreso de la República.
La del hijo adoptivo menor la dará el padre o la madre
adoptante.
A falta de padres, la autorización la dará el tutor.
ARTÍCULO 83. Prohibición de
contraer matrimonio. (Reformado
por el Artículo 2 del Decreto del Congreso 13-2017) No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de
manera alguna, el matrimonio de menores de dieciocho (18) años de edad.
ARTÍCULO 84. Derogado por el
Artículo 3 del Decreto 13-2017 del Congreso de la República.
ARTÍCULO 85. Matrimonio por poder. El matrimonio
podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la
identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y
contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo
93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente
al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado.
ARTÍCULO 86. Matrimonio celebrado fuera de la república. El matrimonio
celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que
en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus
efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para
contraerlo por alguna de las causas que determina este Código.
ARTÍCULO 87. Nacionalidad. La guatemalteca casada
con extranjero conserva su nacionalidad, a menos que quiera adoptar la de su
cónyuge, en cuyo caso deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias
matrimoniales.
PÁRRAFO
II
Impedimentos para contraer matrimonio
ARTÍCULO 88. Casos de insubsistencia. Tienen
impedimento absoluto para contraer matrimonio:
1º. Los parientes
consanguíneos en línea recta, y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos;
2º. Los
ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad; y
3º. Las personas
casadas; y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras
no se haya disuelto legalmente esa unión.
ARTÍCULO 89. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser
autorizado el matrimonio:
1º. Derogado
por el Artículo 4 del Decreto 13-2017 del Congreso de la República.
2º. Derogado
por el Artículo 4 del Decreto 13-2017 del Congreso de la República.
3º. Derogado
por el Artículo 1 del Decreto 27-2010 del Congreso de la República.
4º. Del tutor y del
protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela.
5º. Del tutor o del
protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado bajo su tutela,
sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración.
6º. Del que
teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de los
bienes de aquéllos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración
pasare a otra persona; y
7º. Del adoptante
con el adoptado, mientras dure la adopción.
ARTÍCULO 90. Sanciones. Si no obstante lo
prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, éste será
válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la Infracción
serán responsables de conformidad con la ley y las personas a que se refieren
los Incisos 4º y 5º, perderán la administración de los bienes de los menores, y
no podrán sucederles por intestado.
ARTÍCULO 91. Si el funcionario que interviene en el
acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por
razón de oficio o por denuncia del Ministerio Público o de cualquier persona,
ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas
sino hasta que los Interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente.
Si la denuncia no fuere ratificada, quedará sin efecto.
PÁRRAFO
III
Celebración del matrimonio
ARTÍCULO 92. Funcionarios que pueden autorizar el
matrimonio. El
matrimonio debe autorizarse por el
alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente
para el ejercicio de su profesión.
También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto
que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que
corresponde.
ARTÍCULO 93. Formalidades. Las personas civilmente
capaces que pretendan contraer matrimonio, lo manifestarán así ante el
funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes,
quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración
sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta: nombres y apellidos,
edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen,
nombres de los padres y de los abuelos si los supieren, ausencia de parentesco
entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y
régimen económico que adopten si no presentaren escritura de capitulaciones
matrimoniales, y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de
hecho con tercera persona.
ARTÍCULO
94. Menores
de edad. Derogado
por el Artículo 4 del Decreto 13-2017 del Congreso de la República.
ARTÍCULO 95. Contrayente que fue casado. El contrayente
que hubiese sido casado, presentará el documento legal que acredite la
disolución o insubsistencia del matrimonio anterior; si hubiese tenido hijos, comprobará
estar garantizada la obligación de alimentarlos; y si tuviere bienes de menores
bajo su administración, presentará el inventario respectivo.
ARTÍCULO 96. Contrayente extranjero. El contrayente
que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado, deberá comprobar en forma
fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del
matrimonio, se publicarán edictos en el Diario Oficial y en otro de mayor
circulación, por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan
de algún impedimento legal para el mismo.
Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los seis
meses de publicados los edictos, éstos perderán su efecto legal.
ARTÍCULO 97. Constancia de sanidad. La constancia
de Sanidad es obligatoria para el varón, y también para la mujer cuando lo
solicite el contrayente o los representantes legales de éste, si fuere menor de
edad. Será extendida por la Dirección General de Sanidad o por un facultativo,
haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa
incurable, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, o no tiene defectos
físicos que imposibiliten la procreación. No están obligadas a presentar
certificado de sanidad las personas que residan en lugares que carecen de
facultativo y las que, al solicitar el matrimonio, ya hubieren tenido
relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado.
ARTÍCULO 98. Señalamiento de día y hora. Cerciorado el
funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos, en su caso, los requisitos
que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitan los contrayentes,
día y hora para la celebración del matrimonio, o procederá a su celebración
Inmediata.
ARTÍCULO 99. Ceremonia de la celebración. Estando
presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el
matrimonio, a dar lectura a los artículos 78, 108 a 114 de este Código;
recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse,
respectivamente, como marido y mujer y, en seguida, los declarará unidos en
matrimonio.
El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y
los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan
hacerlo, además del funcionario autorizante.
ARTÍCULO 100. Constancia
del acto. Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice
entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes, razonará las
cédulas de vecindad y demás documentos de identificación que se le presenten, y
enviará aviso a la Oficina de Registro de Cédula de Vecindad respectiva, dentro
de los 15 días siguientes a la celebración de dicho acto, para que se hagan las
anotaciones correspondientes.
ARTÍCULO 101. Actas de
matrimonio.
Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar
las municipalidades.
Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial
que deberá ser protocolizada, y los ministros de los cultos, en libros
debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación.
ARTÍCULO 102. Copia del acta al registro civil. Dentro de los
quince días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el alcalde que
lo haya autorizado deberá enviar al Registro Civil que corresponda, copia certificada
del acta, y los notarios y ministros de los cultos aviso circunstanciado. La
falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada, en cada caso, con
multa de uno a cinco quetzales, que impondrá el juez local a favor de la
municipalidad.
ARTÍCULO 103. Todos los días y horas son hábiles para la
celebración del matrimonio. Las diligencias, constancias, certificaciones,
avisos y testimonios relativos al mismo se extenderán en papel simple.
ARTÍCULO 104. Cuando se trate de matrimonios que deban
celebrarse fuera del perímetro dela sede municipal, el alcalde, o quien haga
sus veces, concurrirá a donde sea necesario, siempre que los interesados
faciliten los medios de transporte.
ARTÍCULO 105. Matrimonio en artículo de muerte. En caso de
enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá será autorizado el
matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún
impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste
claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario
deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados.
ARTÍCULO 106. Recursos. Contra los actos y
providencias del funcionario que deba celebrar el matrimonio, que pongan
obstáculo indebido a su celebración, podrán ocurrir los interesados a los
jueces de Primera Instancia o de paz de la jurisdicción, quienes, en vista de
las justificaciones que se les presenten, resolverán lo que proceda, sin demora
alguna.
ARTÍCULO 107. Militares. Los militares y demás individuos
pertenecientes al Ejército, que se hallen en campaña o en plaza sitiada, podrán
contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no
tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de quince
días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original
del matrimonio al Registro Civil que corresponda.
PÁRRAFO
IV
DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO
ARTÍCULO 108. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho
de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre,
salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio.
ARTÍCULO 109. Representación conyugal. La
representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes
tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar, de común acuerdo
fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación
y establecimiento de los hijos y a la economía familiar.
En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de
familia decidirá a quien le corresponde.
ARTÍCULO 110. Protección a la mujer. El marido debe
protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo
necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades
económicas.
Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar
a sus hijos, durante la minoría de edad de estos últimos.
ARTÍCULO 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento
del hogar. La
mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar, si
tuviere bienes propios o desempeñare algún empleo, profesión, oficio o
comercio; pero si el marido estuviere imposibilitado para trabajar y careciere
de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que
reciba.
ARTÍCULO 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del
marido. La
mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del
marido, por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus
hijos menores.
Igual derecho compete al marido en los casos en que la
mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de
la familia.
Artículo 113 y 114. Derogados
ARTÍCULO 115. En caso de divergencia entre los cónyuges
en cuanto el ejercicio de la representación conyugal, el Juez de Familia,
considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto fuera
como dentro del hogar, designarán a cuál de los cónyuges confiere la
representación, indicando el tiempo por el que se le confiere y las condiciones
que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer
nuevamente la misma.
En todo caso la administración se ejercerá individualmente,
sin necesidad de declaratoria judicial para tal efecto en los siguientes casos:
1.
Si se declarara la interdicción judicial de uno
de los cónyuges;
2.
En caso de abandono voluntario del hogar o por
declaratoria de ausencia, y
3.
por
condena de prisión, por todo el tiempo que dure la misma.
PÁRRAFO
V
RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO
ARTÍCULO 116. Capitulaciones matrimoniales. El régimen
económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales
otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio.
ARTÍCULO 117. Las capitulaciones matrimoniales son los
pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen
económico del matrimonio.
ARTÍCULO 118. Son obligatorias las capitulaciones
matrimoniales en los casos siguientes:
1º. Cuando alguno
de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a dos mil quetzales;
2º. Si alguno de los contrayentes ejerce
profesión, arte u oficio, que le produzca renta o emolumento que exceda de
doscientos quetzales al mes;
3º. Si alguno de ellos tuviere en administración
bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o
guarda; y
4º. Si la mujer
fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado.
ARTÍCULO 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán
constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya
de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación
del acta, se inscribirán en el Registro Civil, una vez efectuado el matrimonio;
y también en el Registro de la Propiedad, si se afectaren bienes inmuebles o derechos
reales sobre los mismos.
ARTÍCULO 120. Son nulas y se tendrán por no puestas,
las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley, o
restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto a
los hijos.
ARTÍCULO 121. Las capitulaciones deberán comprender:
1. La designación
detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio.
2. Declaración del
monto de las deudas de cada uno; y
3. Declaración expresa
de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de
separación absoluta, o el de comunidad de gananciales; o con las modalidades y condiciones
a que quieran sujetarlo.
ARTÍCULO 122. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad
absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o
adquiridos durante el mismo, pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán
por mitad al disolverse el matrimonio.
ARTÍCULO 123. Separación absoluta. En el régimen
de separación absoluta cada cónyuge conserva la propiedad y administración de
los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones
de los mismos.
Serán también propios de cada uno de los cónyuges los
salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios
personales o en el ejercicio del comercio o industria.
ARTÍCULO 124. Comunidad de gananciales. Mediante el régimen de comunidad de
gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían”
al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él, por título gratuito o
con el valor de unos y otros; pero harán suyos por mitad, al disolverse el
patrimonio conyugal los bienes siguientes.
1º. Los frutos de
los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción,
reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos
bienes;
2º. Los que se
compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de
uno solo de los cónyuges; y
3º. Los que
adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria.
ARTÍCULO 125. Alteración de las capitulaciones. Los cónyuges
tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y
adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal, durante el matrimonio.
La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá
hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros
respectivos, y sólo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción.
ARTÍCULO 126. Régimen subsidiario. A falta de
capitulaciones sobre los bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el
régimen de comunidad de gananciales.
ARTÍCULO 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo
establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los
que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones
por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas
las primas pagadas durante la comunidad.
ARTÍCULO 128. Sostenimiento del hogar. La separación
absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges, dela obligación
común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los
hijos y las demás cargas del matrimonio.
ARTÍCULO 129. Menaje de la casa. Corresponde
exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose
únicamente los objetos de uso personal del marido.
ARTÍCULO 130. Cónyuges extranjeros. El régimen de
bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad, se determina, a
falta de capitulaciones, por la ley personal que les es común en el momento
dela celebración del matrimonio; y si fueren de distinta nacionalidad, por la
del lugar en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal.
El cambio de nacionalidad de los esposos o de uno de ellos,
no tendrá influencia sobre el régimen de los bienes.
ARTÍCULO 131. Administración. Bajo el régimen de
comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges
administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o se paradamente.
Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de
los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos,
sin perjuicio de responden ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes
comunes.
ARTÍCULO 132. Oposición. Oposición. Cualquiera
de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden o
puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal.
También pueden pedir al juez que haga cerrar la
administración del otro cónyuge, así como que modifique el régimen económico
del matrimonio por el de separación de bienes, cuando el otro cónyuge incurra
en negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración del patrimonio conyugal,
poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia.
ARTÍCULO 133. Derogado.
ARTÍCULO 134. Marido menor de edad. Derogado por el Artículo 4 del Decreto 13-2017
del Congreso de la República.
ARTÍCULO 135. Responsabilidad de los bienes comunes. De las
obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de
la familia, responderán los bienes comunes, y si éstos fueren insuficientes,
los bienes propios de cada uno de ellos.
ARTÍCULO 136. Hechos Ilícitos. La responsabilidad civil
por hechos ilícitos de un cónyuge, no obliga al otro en sus bienes propios ni
en su parte de los comunes.
ARTÍCULO 137. Deudas anteriores al matrimonio. Las deudas
anteriores al matrimonio serán pagadas con los bienes propios del que las
contrajo, aun cuando aquél se rija por el régimen de comunidad.
ARTÍCULO 138. Gastos de enfermedad y funerales. Los gastos que
causaren las enfermedades, así como los que se originen por funerales y lutos a
consecuencia de la muerte de un cónyuge o de los hijos de ambos, se reputan
deudas comunes del matrimonio, por las cuales son responsables los bienes
propios delos cónyuges, en el caso de ser insuficientes los comunes.
ARTÍCULO 139. Disolución de la comunidad de bienes. La comunidad de
bienes termina:
1º. Por la disolución
del matrimonio;
2º. Por separación
de bienes; y
3º.
Por ser condenado en sentencia judicial firme
alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro.
ARTÍCULO 140. Liquidación del patrimonio conyugal. Concluida la
comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación.
Si el régimen económico fuere el de comunidad parcial, los
bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y
de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge, son gananciales que corresponderán
por mitad, a marido y mujer o a sus respectivos herederos.
ARTÍCULO 141. El abandono injustificado del hogar
conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del
abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan.
ARTÍCULO 142. En caso de separación de hecho, el
cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la
separación.
ARTÍCULO 143. Cuando se declare la nulidad del
matrimonio, el cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las
utilidades.
Si los dos procedieron de mala fe, el hecho de ambos
quedará compensado.
PARRAFO
VI
INSUBSISTENCIA Y NULIDAD DEL MATRIMONIO
ARTÍCULO 144. Insubsistencia del matrimonio. El matrimonio
es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. La declaratoria de
insubsistencia puede hacerla de oficio el juez, con intervención de los
cónyuges y del Ministerio Público.
ARTÍCULO 145. Anulabilidad del matrimonio. Es anulable el
matrimonio:
1º. Cuando uno o
ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción;
2º. Del que adolezca de impotencia absoluta o
relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua,
incurable y anterior al matrimonio;
3º.
De cualquier persona que padezca incapacidad
mental al celebrarlo; y
4º.
Del autor, cómplice o encubridor de la muerte
de un cónyuge, con el cónyuge sobreviviente.
ARTÍCULO 146. Error o dolo. El error que hace
anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro
contrayente, o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo,
de tal gravedad, que haga Insoportable la vida en común o constituya un peligro
para la prole.
La acción de nulidad que nace del error o dolo, sólo puede
deducirse por el cónyuge engañado, dentro de treinta días de haberse dado
cuenta del error o del dolo.
ARTÍCULO 147. Violencia. La anulación por motivo
de coacción corresponde demandarla al contrayente agraviado, dentro de sesenta
días contados desde la fecha en que cesó la violencia, amenaza o intimidación.
En el caso del matrimonio del raptor con la raptada, el término comenzará a contarse
desde que la mujer haya recobrado su plena libertad.
ARTÍCULO 148. Ejercicio de las acciones. La anulación
del matrimonio por ocurrir el caso del inciso 2º del artículo 145, puede
pedirse por cualquiera de los contrayentes si la impotencia es relativa; pero
si fuere absoluta el cónyuge impotente no podrá demandar la nulidad.
La acción deberá ser ejercida dentro de seis meses de
haberse efectuado el matrimonio.
ARTÍCULO 149. La acción de nulidad, en el caso del
inciso 4º del artículo 145, puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los
hijos de la víctima o por el Ministerio Público, dentro del término de seis
meses contados, para el cónyuge inocente, desde que tuvo conocimiento dela
culpabilidad de su nuevo cónyuge y para los hijos y el Ministerio Público,
desde que se celebró el nuevo matrimonio.
ARTÍCULO 150. La nulidad por incapacidad mental de uno
de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, madre o
tutor del incapacitado y por el Ministerio Público, dentro de sesenta días
contados desde que tengan conocimiento del matrimonio.
ARTÍCULO 151. La acción de nulidad, que no sea la
determinada en los artículos 149 y 150, no pasa a los herederos del cónyuge,
pero sí podrán éstos continuar la demanda iniciada por su causante.
ARTÍCULO 152. La declaratoria de nulidad o de
insubsistencia del matrimonio se mandará publicar por el juez en el Diario
Oficial y se comunicará a los registros civiles y de la propiedad, para que se
hagan las cancelaciones o anotaciones correspondientes.
PÁRRAFO
VII
DE LA SEPARACIÓN Y DEL DIVORCIO
ARTÍCULO 153. EL matrimonio se modifica por la
separación y se disuelve por el divorcio.
ARTÍCULO 154. Separación y divorcio. La separación
de personas, así como el divorcio, podrán declararse:
1º. Por mutuo
acuerdo de los cónyuges; y
2º. Por voluntad de uno de ellos mediante causa
determinada.
La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges,
no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la fecha en que se
celebró el matrimonio.
ARTÍCULO 155. Causas. Son causas comunes para
obtener la separación o el divorcio:
1º. La infidelidad
de cualquiera de los cónyuges;
2º. Los malos tratamientos de obra, las riñas y
disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor y, en general, la
conducta que haga insoportable la vida en común;
3º. El atentado de uno de los cónyuges contra la
vida del otro o de los hijos;
4º. La separación o
abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada, por más de
un año;
5º. El hecho de que la mujer dé a luz durante el
matrimonio, a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido
no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio;
6º. La incitación
del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos;
7º. La negativa
infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes,
los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado;
8º. La disipación
de la hacienda doméstica;
9º. Los hábitos de
juego o embriaguez, o el uso indebido y constante de estupefacientes, cuando
amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia
conyugal;
10º. La denuncia de delito o acusación calumniosa
hecha por un cónyuge contra el otro;
11º. La condena de uno de los cónyuges, en
sentencia firme, por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito
común que merezca pena mayor de cinco años de prisión;
12º. La enfermedad grave, incurable y contagiosa,
perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia;
13º. La impotencia absoluta o relativa para la
procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al
matrimonio;
14º. La enfermedad mental incurable de uno de los
cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción; y
15º. Asimismo, es
causa para obtener el divorcio, la separación de personas declarada en sentencia
firme.
ARTÍCULO 156. (Reformado por el
artículo 3 del Decreto 27-2010 del Congreso de la República) Se presume voluntario el abandono e
inmotivada la ausencia a que se refiere el Inciso 4º del artículo anterior.
La acción podrá ser promovida por cualquiera de los
cónyuges.
ARTÍCULO 157. No son causa de separación ni de
divorcio, los actos de infidelidad cometidos en connivencia o con el consentimiento
del otro cónyuge, o cuando después de consumados y conocidos por el otro, han
continuado los cónyuges conviviendo.
ARTÍCULO 158. Quién puede solicitar la separación o el
divorcio por causa determinada. El divorcio y la separación sólo pueden
solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los seis
meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en
que se funde la demanda.
PARRAFO VIII
EFECTOS DE LA SEPARACIÓN Y DEL DIVORCIO
ARTÍCULO 159. Son efectos civiles comunes de la
separación y del divorcio, los siguientes:
1º. La liquidación
del patrimonio conyugal;
2º. El derecho de
alimentos a favor del cónyuge inculpable, en su caso; y
3º. La suspensión o
pérdida de la patria potestad, cuando la causal de separación o divorcio la lleve
consigo y haya petición expresa de parte interesada.
ARTÍCULO 160. Son efectos propios de la separación,
además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes:
1º. El derecho del
cónyuge inculpable, a la sucesión intestada del otro cónyuge; y
2º. El derecho de
la mujer de continuar usando el apellido del marido.
ARTÍCULO 161. Es efecto propio del divorcio la
disolución del vínculo conyugal, que deja a los cónyuges en libertad para
contraer nuevo matrimonio.
ARTÍCULO 162. Protección a la mujer y a los hijos. Desde el
momento en que sea presentada la solicitud de separación o de divorcio, la
mujer y los hijos quedarán bajo la protección de la autoridad para seguridad de
sus personas y de sus bienes, y se dictarán las medidas urgentes que sean
necesarias. Los hijos quedarán provisionalmente en poder del cónyuge que
determine el Juez, hasta que se resuelva en definitiva, a no ser que causas
graves obliguen a confiarlos a un tutor provisional.
ARTÍCULO 163. Mutuo acuerdo. Si la separación o el
divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un
proyecto de convenio sobre los puntos siguientes:
1º. A quién quedan
confiados los hijos habidos en el matrimonio;
2º. Por cuenta de
quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando
esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada
uno de ellos;
3º. Qué pensión
deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para
cubrir sus necesidades; y
4º. Garantía que se
preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan
los cónyuges.
ARTÍCULO 164. Obligación del juez. Para el efecto
expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, debe calificar
la garantía, y si ésta, a su juicio, no fuere suficiente, ordenará su ampliación,
de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges.
ARTÍCULO 165. Si la separación o el divorcio se
demandaran por causa determinada, deberá el juez resolver las cuestiones a que
se refiere el artículo 163; pero, tanto en este caso como en el de mutuo
acuerdo, no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente
garantizadas la alimentación y educación de los hijos.
ARTÍCULO 166. A quién se confían los hijos. Los padres
podrán convenir a quién de ellos se confían los hijos; pero el juez, por causas
graves y motivadas, puede resolver en forma distinta, tomando en cuenta el bienestar
de los hijos. Podrá también el juez resolver sobre la custodia y cuidado de los
menores, con base en estudios o Informes de trabajadores sociales o de
organismos especializados en la protección de menores. En todo caso, cuidará de
que los padres puedan comunicarse libremente con ellos.
ARTÍCULO 167. Obligación de los padres separados. Cualesquiera
que sean las estipulaciones del convenio o de la decisión judicial, el padre y
la madre quedan sujetos, en todo caso, a las obligaciones que tienen para con
sus hijos y conservan el derecho de relacionarse con ellos y la obligación de
vigilar su educación.
ARTÍCULO 168. Obligación del juez respecto de los hijos. En cualquier
tiempo el juez podrá dictar, a pedido de uno de los padres o delos parientes
consanguíneos, o del Ministerio Público, las providencias que considere beneficiosas
para los hijos y que sean requeridas por hechos nuevos.
ARTÍCULO 169. Pensión a la mujer. La mujer inculpable
gozará de la pensión alimenticia a que se refiere el Inciso 3º del artículo
163, la cual será fijada por el juez, si no lo hicieren los cónyuges, teniendo
en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y las necesidades de quien
ha de recibirla.
La mujer gozará de la pensión mientras observe buena
conducta y no contraiga nuevo matrimonio; y el marido inculpable tendrá el
mismo derecho, sólo cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le
proporcionen medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio. (la
frase subrayada fue declarada inconstitucional, según expediente 541-2006 de la
Corte de Constitucionalidad)
ARTÍCULO 170. Liquidación del patrimonio conyugal. Al estar firme
la sentencia que declare la insubsistencia o nulidad del matrimonio, o la
separación o el divorcio, se procederá a liquidar el patrimonio conyugal en los
términos prescritos por las capitulaciones, por la ley, o por las convenciones
que hubieren celebrado los cónyuges.
ARTÍCULO 171. Pérdida del apellido. La mujer
divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido.
ARTÍCULO 172. Efectos. Los efectos y
consecuencias de la insubsistencia o de la nulidad del matrimonio, así como los
de la separación y del divorcio, se regirán, en cuanto a las personas, por las
leyes del país donde hayan sido decretadas.
CAPÍTULO
II
DE
LA UNIÓN DE HECHO
ARTÍCULO 173. Cuándo procede declararla. La unión de
hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio, puede
ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para
que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se
haya mantenido constantemente por más de tres años ante sus familiares y
relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y
educación de los hijos y de auxilio recíproco.
ARTÍCULO 174. Cómo se hace constar. La
manifestación a que se refiere el artículo anterior, se hará constar en acta que
levantará el alcalde, o en escritura pública o acta notarial si fuere requerido
un notario.
Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus
nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y residencia,
profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados,
indicando sus nombres y edades, y bienes adquiridos durante la vida en común.
ARTÍCULO 175. Aviso al registro civil. Dentro de los
quince días siguientes, el alcalde o el notario dará aviso al Registro Civil
jurisdiccional para que proceda a la inscripción de la unión de hecho, oficina
que entregará a los interesados constancia de dicha inscripción, la que
producirá iguales efectos que la certificación de matrimonio.
La falta de este aviso será sancionada con una multa de
cinco quetzales, que impondrá el juez local a solicitud de parte.
La certificación del acta municipal o el testimonio notarial,
se presentarán al Registro de la Propiedad, si se hubieren declarado inmuebles,
como bienes comunes.
ARTÍCULO 176. Enajenación de bienes. Los bienes
comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin consentimiento delas dos partes,
mientras dure la unión y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos.
ARTÍCULO 177. Unión de
menores. (Reformado
por el Artículo 5 del Decreto del Congreso 8-2015) No podrá
aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad, bajo ninguna
circunstancia.
ARTÍCULO 178. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitar
el reconocimiento de la unión de hecho una sola delas partes, ya sea por
existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse
el interesado ante el Juez de Primera Instancia competente, quien en sentencia
hará la declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente probada.
En dicha declaración, fijará el juez el día o fecha probable en que la unión
dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella.
La certificación de la sentencia favorable al demandante,
deberá presentarse al Registro Civil y al de la Propiedad si hubiere bienes
inmuebles, para que se proceda a las respectivas inscripciones.
ARTÍCULO 179. Término. La acción a que se
refiere el artículo anterior, deberá iniciarse antes de que transcurran tres
años desde que la unión cesó, salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier
tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres, para él solo
efecto de establecer su filiación.
ARTÍCULO 180. Uniones ilícitas. La mujer que a
sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el
hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre,
hicieren vida común, no gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada
no hubiere sido disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes.
ARTÍCULO 181. Preferencia en varias uniones. En el caso de
que varias mujeres, igualmente solteras, demandaren la declaración de la unión
de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en
favor de aquélla que probare los extremos previstos en el artículo 173; y en igualdad
de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Lo
dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se
pretenda se declaren, coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria
respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien
se mantuvo la unión de hecho.
ARTÍCULO 182. Efectos de la inscripción. La unión de
hecho inscrita en el Registro Civil, produce los efectos siguientes:
1º. Los hijos
nacidos después de ciento ochenta días de la fecha fijada como principio de la unión
de hecho, y los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al día en que
la unión cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida,
presunción contra la cual se admite prueba en contrario;
2º. Si no hubiere
escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan
bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue
adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito, o con el valor o por
permuta de otro bien de su exclusiva propiedad;
3º. Derecho de una
de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y, una vez declarada,
pedir la cesación de su unión con el ausente, liquidación del haber común y adjudicación
de los bienes que le correspondan.
4º. En caso de
fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación
del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso
anterior; y
5º. Sujeción del
hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio.
ARTÍCULO 183. Cese de la unión. La unión de hecho puede
cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma que se constituyó;
o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155para el divorcio y
la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente.
La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse
constar ante el juez de Primera Instancia del domicilio de los convivientes, o
ante un notario; pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva
en el Registro Civil debe cumplirse previamente con lo que dispone el artículo
163 de este Código, con respecto al divorcio de los cónyuges.
ARTÍCULO 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho
conste en la forma legal, se heredan recíprocamente ab intestato en los mismos
casos que para los cónyuges determina este Código.
Las disposiciones de este Código relativas a los deberes y
derechos que nacen del matrimonio y al régimen económico de éste, tienen
validez para las uniones de hecho, en lo que fueren aplicables.
ARTÍCULO 185. Aviso al Registro. Terminadas las
diligencias de la cesación de la unión y satisfechas las exigencias legales, la
autoridad que haya intervenido en ellas o el notario que autorice la escritura
de separación, liquidación y adjudicación de bienes, dará aviso al Registro
Civil en que se inscribió la unión de hecho, para que se haga la anotación
correspondiente.
ARTÍCULO 186. Libertad de Estado. La separación, una vez
registrada, deja libres de estado a hombre y mujer, pero sin que esto
perjudique las obligaciones que ambos tienen que cumplir con respecto a los hijos,
quienes conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados, no obstante
cualquier estipulación de los padres
.
ARTÍCULO 187. Matrimonio de uno de los unidos de hecho. Para que pueda
autorizarse el matrimonio de cualquiera de los dos que haya hecho vida común
que estuviere registrada, es indispensable que se proceda a cumplir con lo preceptuado
en el artículo 183.
ARTÍCULO 188. Oposición al matrimonio. Al matrimonio
puede oponerse parte interesada para exigir que previamente se resuelvan
aquellas cuestiones y se liquiden los bienes comunes.
El funcionario que intervenga en el matrimonio no podrá
autorizarlo si el solicitante no comprueba haber liquidado los bienes comunes y
asegurado la prestación de alimentos de los hijos.
ARTÍCULO 189. Matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las
personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la
autoridad respectiva o el notario a quien acudieren, lo efectuará con sólo
presentar certificación de la Inscripción del Registro Civil, en la cual conste
dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga
como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración y
durante la unión de hecho.
CAPÍTULO
III
DEL
PARENTESCO
ARTÍCULO 190. Clases de parentesco. La ley reconoce
el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado el de afinidad dentro
del segundo grado, y el civil, que nace de la adopción y sólo existe entre el adoptante
y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado.
ARTÍCULO 191. Consanguinidad. Parentesco de
consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo
progenitor.
ARTÍCULO 192. Afinidad. Parentesco de afinidad
es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes
consanguíneos.
ARTÍCULO 193. Grado. El parentesco se gradúa
por el número de generaciones; cada generación constituye un grado.
ARTÍCULO 194. Línea. La serie de
generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forma línea.
ARTÍCULO 195. La línea es recta, cuando las personas
descienden unas de otras, y colateral o transversal, cuando las personas
provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras.
ARTÍCULO 196. En la línea recta, sea ascendente o
descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea tantos como personas,
sin incluirse la del ascendiente común.
ARTÍCULO 197. En línea colateral los grados se cuentan
igualmente por generaciones subiendo desde la persona cuyo parentesco se
requiere comprobar hasta el ascendiente común y bajando desde éste hasta el
otro pariente.
ARTÍCULO 198. EL parentesco de afinidad se computa del
mismo modo que el de consanguinidad, y concluye por la disolución del
matrimonio.
CAPÍTULO
IV
PATERNIDAD
Y FILIACIÓN MATRIMONIAL
ARTÍCULO 199. Paternidad del marido. El marido es
padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado
insubsistente, nulo o anulable.
Se presume concebido durante el matrimonio:
1º. El hijo nacido
después de ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, o de la reunión
de los cónyuges legalmente separados; y
2º. El hijo nacido
dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio.
ARTÍCULO 200. Prueba en
contrario. Contra
la presunción del artículo anterior no se admite otras pruebas que la prueba molecular genética del Ácido Desoxirribonucleico (ADN),
así como haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge
en los primeros ciento veinte días de los trescientos que precedieron al
nacimiento, por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquiera otra
circunstancia."
ARTÍCULO 201. Impugnación por el marido. El nacido
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio,
se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad.
La impugnación no puede tener lugar:
1º. Si antes de la
celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez;
2º. Si estando
presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil,
firmó o consintió que se firmará a su nombre la partida de nacimiento; y
3º. Si por documento público o privado, el hijo hubiere
sido reconocido.
ARTÍCULO 202. La filiación del hijo nacido después de
los trescientos días de la disolución del matrimonio, podrá impugnarse por el
marido; pero el hijo y la madre tendrán también derecho para justificar la
paternidad de aquél.
ARTÍCULO 203. Adulterio de la madre. El marido no
puede impugnar la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio,
alegando el adulterio de la madre, aun cuando ésta declare en contra dela
paternidad del marido, salvo que se le hubiere ocultado el embarazo y el
nacimiento del hijo, en cuyo caso si podrá negar la paternidad probando todos
los hechos que justifiquen la impugnación.
Si al marido se le hubiere declarado en estado de
interdicción, podrá ejercitar ese derecho su representante legal.
ARTÍCULO 204. Término. La acción del marido
negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge, deberá intentarse
judicialmente, dentro de sesenta días, contados desde la fecha del nacimiento,
si está presente; desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge, si
estaba ausente; o desde el día en que descubrió el hecho, si se le ocultó el
nacimiento.
Los herederos del marido solamente podrán continuar la
acción de impugnación de la paternidad iniciada por él, pero este derecho
podrán ejercitarlo únicamente dentro de sesenta días contados desde la muerte
del marido.
ARTÍCULO 205. Acción de los herederos. Podrán asimismo
impugnar la filiación, si el hijo fuere póstumo o si el presunto padre hubiere
fallecido antes de que transcurriera el plazo señalado en el artículo anterior.
Los herederos deberán iniciar la acción dentro de sesenta
días, contados desde que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del
padre, o desde que los herederos se vean turbados por el hijo en la posesión de
la herencia.
ARTÍCULO 206. Derechos de la mujer encinta. En caso de
separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá
denunciarlo al juez o al marido, en el término de noventa días contados desde
su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedare encinta a la muerte del
marido, deberá denunciarlo al juez competente, dentro del mismo término, a fin
de que, en uno u otro caso, se tomen las disposiciones necesarias para
comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la
filiación.
ARTÍCULO 207. Nuevas nupcias de la madre. Si disuelto un
matrimonio, la madre contrajere nuevas nupcias dentro de los trescientos días
siguientes a la fecha de la disolución, el hijo que naciere dentro de los ciento
ochenta días de celebrado el segundo matrimonio, se presume concebido en el
primero.
Se presume concebido en el segundo matrimonio, el hijo que
naciere después de los ciento ochenta días de su celebración, aunque se esté
dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del primer
matrimonio.
Contra estas presunciones es admisible la prueba a que se
refiere el artículo 200.
ARTÍCULO 208. En todo juicio de filiación será parte
la madre, si viviere.
CAPÍTULO
V
PATERNIDAD
Y FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL
ARTÍCULO 209. Igualdad de derechos de los hijos. Los hijos
procreados fuera de matrimonio, gozan de iguales derechos que los hijos nacidos
de matrimonio; sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita el consentimiento
expreso del otro cónyuge.
ARTÍCULO 210. Reconocimiento del padre. Cuando la
filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los
padres, se establece y se prueba, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento;
y, con respecto del padre, por el reconocimiento voluntario, o por sentencia
judicial que declare la paternidad.
ARTÍCULO 211. Formas de reconocimiento. El
reconocimiento voluntario puede hacerse:
1º. En la partida de nacimiento, por comparecencia ante el
registrador civil;
2º. Por acta especial ante el mismo registrador;
3º. Por escritura pública;
4º. Por testamento; y
5º. Por confesión judicial.
En los casos de los tres últimos incisos de este artículo,
debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento
en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida
de nacimiento respectiva.
ARTÍCULO 212. El reconocimiento no es revocable. El
reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento
y éste se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse
a ninguna modalidad.
ARTÍCULO 213. Es válido el reconocimiento que se hace por
medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos
testamentarios especiales que no hubieran anulado acto si sólo se hubiera
otorgado el reconocimiento.
ARTÍCULO 214. Reconocimiento de ambos padres. Los padres
pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente.
El reconocimiento hecho por uno solo de los padres, sólo
produce efecto respecto de él.
El padre o la madre que no intervino en el acto, así como
el propio hijo o un tercero interesado legítimamente, puede impugnar el
reconocimiento, dentro de seis meses a contar del día en que tal hecho fuere
conocido por ellos.
Si el hijo fuere menor de edad, puede contradecir el
reconocimiento dentro del año siguiente a su mayoría.
ARTÍCULO 215. Reconocimiento
separado. Cuando el padre o la madre hicieren el
reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la
persona con quien hubieren tenido el hijo.
ARTÍCULO 216. Reconocimiento por lo abuelos. En caso de
muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por
el abuelo paterno o por el abuelo materno, respectivamente.
Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el
reconocimiento dentro del año siguiente al día en que tenga conocimiento de
aquel hecho.
ARTÍCULO 217. Reconocimiento por el menor de edad. El varón menor
de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan
sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o,
a falta de ésta, sin la autorización judicial.
ARTÍCULO 218. La mujer mayor de catorce años sí tiene
la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos, sin necesidad de
obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 219. Derechos de la mujer que ha cuidado a un
niño. La
mujer que ha cuidado a un niño, como hijo suyo, y ha proveído a su subsistencia
y educación, tiene derecho a que no lo separen de ella por efecto del reconocimiento
que un hombre haya hecho del menor. Pero si fuere obligada a entregarlo por resolución
judicial, el padre que pretenda llevárselo, deberá previamente pagar el monto
de lo gastado en el sostenimiento del niño.
ARTÍCULO 220. Acción judicial de filiación. El hijo que no
fuere reconocido voluntariamente, tiene derecho a pedir que judicialmente se
declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto de él.
Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejare
iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere
durante su menor edad, o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en ese
estado.
ARTÍCULO 221. Casos en que puede ser declarada la
paternidad. La
paternidad puede ser judicialmente declarada:
1º.
Cuando existan cartas, escritos o documentos en
que se reconozca;
2º.
Cuando el pretensor se halle en posesión
notoria de estado de hijo del presunto padre;
3º.
En los casos de violación, estupro o rapto,
cuando la época del delito coincida con la de la concepción; y
4º. Cuando el
presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción.
5º. Cuando el resultado de la prueba biológica, del Ácido
Desoxirribonucleico -ADN-, determine científicamente la filiación con el
presunto padre, madre e hijo.
Si el presunto padre se negare a
someterse a la práctica de dicha prueba, ordenada por juez competente, su
negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario.
La prueba del Ácido
Desoxirribonucleico -ADN-, deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo
realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o
extranjera especializadas en dicha materia. Este medio de prueba, deberá
cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad. En
juicios de impugnación de paternidad o maternidad, será admisible en iguales
condiciones y circunstancias, la prueba molecular genética del Ácido Desoxirribonucleico
-ADN-."
ARTÍCULO 222. Presunción de paternidad. (Reformado por
el Artículo 5 del Decreto del Congreso 27-2010) Se
presumen hijos de los padres que han vivido maridablemente:
1º. Los nacidos
después de ciento ochenta días contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho;
y
2º. Los nacidos
dentro de los trescientos días siguientes al día en que cesó la vida común.
Contra
la presunción del presente artículo se admite la prueba biológica del Ácido
Desoxirribonucleico -ADN-.”
ARTÍCULO 223. Posesión notoria de estado. Para que haya
posesión notoria de estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado
como tal por sus padres o los familiares de éstos y que, además, concurra cualquiera
de las circunstancias siguientes:
1º. Que hayan proveído a su subsistencia y educación;
2º. Que el hijo haya usado, constante y públicamente, el
apellido del padre; y
3º.
Que el hijo haya sido presentado como tal en
las relaciones sociales de la familia.
ARTÍCULO 224. Acción de filiación después del fallecimiento
de los padres. La acción de filiación sólo podrá entablarse en vida del
padre o de la madre contra quien se dirija, salvo en los siguientes casos:
1º. Cuando el hijo sea póstumo;
1º.
Cuando la persona contra quien se dirija la
acción hubiera fallecido durante la menor edad del hijo; y
3º.
En los casos mencionados en el artículo 221.
ARTÍCULO 225. Indemnización a la madre. La madre tiene
derecho a ser indemnizada del daño moral en los casos de acceso carnal
delictuoso, o de minoridad al tiempo de la concepción.
ARTÍCULO 226. Improcedencia de la acción. La acción
concedida en el artículo anterior y la declaratoria a que se refieren los
incisos 3º y 4º del artículo 221 no proceden en los casos siguientes:
1º. Si durante la
época de la concepción, la madre llevó una vida notoriamente desarreglada, o
tuvo comercio carnal con persona distinta del presunto padre; y (La
frase tachada fue declarada inconstitucional, según expediente 541-2006 de la Corte
de Constitucionalidad)
2º. Si durante la
época de la concepción fue manifiestamente imposible al demandado tener acceso
carnal con la madre.
ARTÍCULO 227. Reconocimiento es acto declarativo. El
reconocimiento voluntario y el judicial son actos declarativos de la paternidad
y, por consiguiente, surten sus efectos desde la fecha del nacimiento del hijo.
Sobre la calidad de hijo no puede celebrarse transacción ni
compromiso alguno; pero sí sobre los derechos pecuniarios, que puedan deducirse
de la filiación.
Artículo 228. (Reformado
por el Artículo 63 del Decreto 77-2007 del congreso de la República) Todos los aspectos relativos a la
adopción se regirán por la Ley de Adopciones.
Artículo 229 al 251. Derogados por el Artículo 67 del Decreto
77-2007 del Congreso de la República, Ley de Adopciones.
CAPÍTULO
VII
DE
LA PATRIA POTESTAD
ARTÍCULO 252. En el matrimonio y fuera de él. La patria
potestad se ejerce sobre los hijos menores, conjuntamente por el padre y la
madre en el matrimonio y en la unión de hecho; y por el padre o la madre, en
cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso.
Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad,
solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción.
ARTÍCULO 253. Obligaciones de ambos padres. El padre y la
madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de
matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina,
y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o
materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad.
ARTÍCULO 254. Representación del menor o incapacitado. La patria
potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado
en todos los actos de la vida civil; administrar sus bienes y aprovechar sus servicios
atendiendo a su edad y condición.
ARTÍCULO 255. Mientras subsista el vínculo matrimonial
o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria
potestad, la representación del menor o la del incapacitado y la administración
de sus bienes; la tendrán también, ambos padres, conjunta o separadamente,
salvo los casos regulados en el artículo 115, o en los de separación o de divorcio,
en los que la representación y la administración la ejercerá quien tenga la
tutela del menor o del incapacitado.
ARTÍCULO 256. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que
haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre, en ejercicio de
la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga
al bienestar del hijo.
ARTÍCULO 257. Padres menores de edad. Si los padres
fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será
ejercitada por la persona que tuviere la patria potestad o la tutela sobre el
padre.
ARTÍCULO 258. Hijo adoptivo. (Reformado por el Artículo 64 del Decreto del
Congreso 77-2007) La patria potestad
sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado.
“6. Por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por
el juez de la niñez y la adolescencia.”[1]
ARTÍCULO 259. Capacidad relativa de los menores. Los mayores de
catorce años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución
convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento.
ARTÍCULO 260. Los hijos deben vivir con sus padres casados
o unidos. Los
hijos menores de edad deben vivir con sus padres, o con el padre o la madre que
los tenga a su cargo; no pueden sin permiso de ellos dejar la casa paterna o
materna o aquélla en que sus padres los han puesto; debiendo en todos los casos
ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública, para hacer volver a los
hijos al poder y obediencia de sus progenitores.
ARTÍCULO 261. Madre soltera o separada. Cuando el padre
y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder
de la madre, salvo que ésta convenga en que pasen a poder del padre, o que sean
internados en un establecimiento de educación.
Si la separación de los padres procede de la disolución del
matrimonio, se estará a lo dispuesto en el artículo 166.
En todo caso el que por vías de hecho sustrajere al hijo
del poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo, será responsable
conforme a la ley; y la autoridad deberá prestar auxilio para la devolución del
hijo, a fin de reintegrar en la patria potestad al que la ejerza especialmente.
ARTÍCULO 262. El interés de los hijos es predominante. No obstante lo
preceptuado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea
perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad,
debe el juez adoptar las providencias urgentes que exija el interés y
conveniencia del menor y puede disponer también, mientras resuelve en definitiva,
que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado del pariente más próximo,
o de otra persona de reconocida honorabilidad, o si fuere posible, de un centro
educativo.
ARTÍCULO 263. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos aun
cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben
honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas
las circunstancias de la vida.
ARTÍCULO 264. Bienes de los hijos. Los padres no
pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de
ellos, obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración,
sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa la
autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público.
ARTÍCULO 265. Tampoco podrán los padres celebrar
contratos de arrendamiento por más de tres años, ni recibir la renta anticipada
por más de un año, sin autorización judicial; ni vender valores comerciales, industriales,
títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados, por menor valor del que se
cotice en la plaza el día de la venta; ni prestar garantía en representación de
los hijos, a favor de tercera persona.
ARTÍCULO 266. Siempre que el juez conceda licencia
para enajenar o gravar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para
hacer que el producto de la venta o el monto del crédito sea empleado en el
objeto que motivó la autorización y que el saldo, si lo hubiere, se invierta debidamente,
depositándose mientras tanto en un establecimiento bancario.
ARTÍCULO 267. Salvo el caso de sucesión intestada, el
que ejerza la patria potestad no puede adquirir, ni directa ni indirectamente,
bienes o derechos del menor.
Los actos realizados contra esta prohibición pueden ser
anulados a solicitud del hijo o de sus herederos.
ARTÍCULO 268. Tutor especial. Si surge conflicto de
intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad, o entre ellos y los
padres, el juez nombrará un tutor especial.
ARTÍCULO 269. Separación de la patria potestad. Si el que
ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos, o por su mala administración,
se disminuyen o deprecian, será separado de ella, a solicitud de los
ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de
consanguinidad, o del Ministerio Público.
ARTÍCULO 270. Los padres están obligados a prestar
garantía de la conservación y administración de los bienes de los hijos, cuando
pasen a ulteriores nupcias o cuando sean declarados en quiebra.
ARTÍCULO 271. Si al que se halla bajo la patria
potestad se le hiciere alguna donación, o se le dejare herencia o legado, con
la expresa condición de que los bienes no los administren los padres, será
respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona
o institución administradora y, si no lo hiciere, el nombramiento lo hará el
juez en persona de reconocida solvencia y honorabilidad, si no hubiere
institución bancaria autorizada para tales encargos.
ARTÍCULO 272. Los padres deben entregar a los hijos,
luego que éstos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les pertenezcan y
rendir cuentas de su administración.
ARTÍCULO 273. Suspensión. La patria potestad se
suspende:
1º. Por ausencia del que la ejerce, declarada
Judicialmente;
2º. Por interdicción, declarada en la misma forma;
3º. Por ebriedad consuetudinaria; y
4º.
Por tener el hábito del juego o por el uso
indebido y constante de drogas estupefacientes.
ARTÍCULO 274. Pérdida. La patria potestad se
pierde:
1º. Por las
costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato
de los hijos o abandono de sus deberes familiares;
2º. Por dedicar a
los hijos a la mendicidad, o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos
corruptores;
3º. Por delito cometido
por uno de los padres contra el otro, o contra la persona de alguno de sus
hijos;
4º. Por la
exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos, para el
que los haya expuesto o abandonado; y
5º. Por haber sido
condenado dos o más veces por delito del orden común, si la pena excediere de
tres años de prisión por cada delito.
También se pierde la patria potestad cuando el hijo es
adoptado por otra persona.
ARTÍCULO 275. El que haya sido suspendido en el
ejercicio de la patria potestad o la hubiere perdido, no quedará exonerado de
las obligaciones hacia sus hijos, que se establecen en el presente capítulo.
ARTÍCULO 276. Sólo podrán promover la acción sobre pérdida
o suspensión de la patria potestad, los ascendientes del menor, sus parientes
colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y el Ministerio Público.
El progenitor inocente y el Ministerio Publico serán parte en el juicio en
todos los casos.
ARTÍCULO 277. Restablecimiento. El juez en vista de las
circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o
a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos:
1º. Cuando la causa
o causas de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no fueren por
cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos;
2º. Cuando en el
caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso 3º del
artículo 274, no haya habido reincidencia y hubieren existido circunstancias
atenuantes; y
3º. Cuando la
rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de catorce años o por su
tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviere
comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso 1º de este
artículo.
En todos los casos debe probarse la buena conducta del que
se intente rehabilitar, por lo menos en los tres años anteriores a la fecha en
que se presente la solicitud respectiva.
CAPÍTULO
VIII
DE
LOS ALIMENTOS ENTRE PARIENTES
ARTÍCULO 278. Concepto. La denominación de
alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación,
vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista
cuando es menor de edad.
ARTÍCULO 279. Los alimentos han de ser proporcionados
a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los
recibe, y serán fijados por el juez, en dinero.
Al obligado se le puede permitir que los alimentos los
preste de otra manera cuando, a juicio del juez, medien razones que lo justifiquen.
ARTÍCULO 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán
proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las necesidades
del alimentista, y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.
ARTÍCULO 281. Los alimentos sólo se deben en la parte
en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus
necesidades.
ARTÍCULO 282. No es renunciable ni transmisible a un
tercero, ni embargable, el derecho a los alimentos.
Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe
al que ha de prestarlos.
Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y
enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas.
ARTÍCULO 283. Personas obligadas. Están obligados
recíprocamente a darse alimentos, los cónyuges, los ascendientes, descendientes
y hermanos.
Cuando el padre, por sus circunstancias personales y
pecuniarias, no estuviere en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos,
y la madre tampoco pudiere hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos
paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del
padre de éstos.
ARTÍCULO 284. Cuando recaiga sobre dos o más personas
la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago, en cantidad proporcionada
a su caudal respectivo; en caso de urgente necesidad, y por circunstancias
especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los preste
provisionalmente, sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás la parte que
le corresponde.
ARTÍCULO 285. Cuando dos o más alimentistas tuvieren
derecho a ser alimentados por una misma persona, y ésta no tuviere fortuna
bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente:
1º. A su cónyuge;
2º. A los descendientes del grado más próximo;
3º. A los ascendientes, también del grado más próximo; y
4º. A los hermanos.
Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge, o
varios hijos sujetos a la patria potestad, el juez atendiendo a las necesidades
de uno y otros, determinará la preferencia o la distribución.
ARTÍCULO 286. Derechos para alimentos. De las deudas
que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos,
por no proporcionar el padre lo indispensable para cubrirlos, será éste
responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto.
ARTÍCULO 287. La obligación de dar alimentos será
exigible, desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos.
El pago se hará por mensualidades anticipadas, y cuando fallezca el alimentista,
sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiere recibido
anticipadamente.
ARTÍCULO 288. El que haya suministrado alimentos con
protesta de cobrarlos, tiene derecho a ser indemnizado por la persona que esté
obligada a satisfacerlos.
ARTÍCULO 289. Cesará la obligación de dar alimentos:
1º.
Por la muerte del alimentista;
2º.
Cuando aquél que los proporciona se ve en la
imposibilidad de continuar prestándolos, o cuando termina la necesidad del que
los recibía;
3º.
En el caso de injuria, falta o daño grave
inferidos por el alimentista, contra el que debe prestarlos;
4º.
Cuando la necesidad de los alimentos dependa de
la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras
subsistan estas causas; y
5º.
Si los hijos menores se casaren sin el
consentimiento de los padres.
ARTÍCULO 290. Los descendientes no pueden tampoco
exigir alimentos:
1º. Cuando han
cumplido dieciocho años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos,
impedidos o en estado de interdicción; y
2º. Cuando se les
ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad.
ARTÍCULO 291. Las disposiciones de este capítulo son
aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por contrato, se
tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador o lo
dispuesto por la ley, para el caso especial de que se trate.
El derecho de alimentos que provenga de contrato o
disposición testamentaria, no perjudica, en ningún caso, la preferencia que la
ley establece en favor de los parientes del obligado.
ARTÍCULO 292. Obligación de garantía. La persona
obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover
juicio para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la cumplida
prestación de ellos con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables, o con fianza
u otras seguridades, a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá
derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar
alimentos, mientras no los haya garantizado.
CAPÍTULO
IX
DE
LA TUTELA
PÁRRAFO
I
DISPOSICIONES
GENERALES
ARTÍCULO 293. Casos en que procede. El menor de
edad que no se halle bajo la patria potestad, quedará sujeto a tutela para el
cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela aunque fuere
mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción, si no
tuviere padres.
El tutor es el representante legal del menor o
incapacitado.
ARTÍCULO 294. La tutela se ejerce por un tutor y un
protutor, cuyos cargos son personales y no pueden delegarse, pero pueden
otorgar mandatos especiales para actos determinados.
ARTÍCULO 295. La tutela y pro tutela son cargos
públicos a cuyo desempeño están obligadas todas las personas que se encuentren
en pleno goce de sus derechos civiles.
ARTÍCULO 296. Clases de tutela. La tutela puede ser
testamentaria, legítima y judicial.
ARTÍCULO 297. Testamentaria. La tutela testamentaria
se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente, para los
hijos que estén bajo su patria potestad; por el abuelo o la abuela, para los
nietos que estén sujetos a su tutela legitima; por cualquier testador, para el
que instituya heredero o legatario, si éste careciere de tutor nombrado por el
padre o la madre y de tutor legítimo; y por el adoptante que designe heredero o
legatario o su hijo adoptivo.
ARTÍCULO 298. Los padres y los abuelos, en su caso,
pueden nombrar un tutor y un protutor para todos o para varios de sus hijos o
para cada uno de ellos. Pueden también nombrar varios tutores y protutores para
que ejerzan el cargo uno en defecto de otro, respectivamente, en el orden de su
designación.
ARTÍCULO 299. Legítima. La tutela legítima de
los menores corresponde en el orden siguiente:
1º. Al abuelo paterno;
2º. Al abuelo materno;
3º. A la abuela paterna;
4º. A la abuela materna; y
5º.
A los hermanos sin distinción de sexo, siendo
preferido los que procedan de ambas líneas y entre éstos el de mayor edad y
capacidad.
La Línea materna será preferida a la paterna para la tutela
de los hijos fuera de matrimonio. Sin embargo, mediando motivos justificados
para variar la precedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna
las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia,
idoneidad y preparación, que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio
de su cargo.
ARTÍCULO 300. Judicial. La tutela judicial
procede por nombramiento del juez competente, cuando no haya tutor
testamentario ni legítimo. Para este efecto, el Ministerio Público y cualquier
persona capaz deben denunciar a la autoridad el hecho que da lugar a la tutela
no provista.
Para la designación de la persona del tutor, el juez deberá
tomar en cuenta las circunstancias que se mencionan en el artículo anterior.
ARTÍCULO 301. Tutela de los declarados en estado de
interdicción. La tutela de los mayores de edad declarados en interdicción
corresponde.
1º. Al cónyuge;
2º. Al padre y a la madre;
3º. A los hijos mayores de edad; y
4º. A los abuelos, en el orden anteriormente establecido.
ARTÍCULO 302. Si hallándose en ejercicio un tutor legítimo
o judicial apareciere el testamentario, se transferirá inmediatamente a éste la
tutela.
ARTÍCULO 303. Derechos de los menores que han cumplido dieciséis
años. A
los menores que hayan cumplido la edad de dieciséis años, debe asociarlos el
tutor en la administración de los bienes para su información y conocimiento; y
si carecieren de tutor testamentario tendrán derecho a proponer candidato entre
sus parientes llamados a la tutela legitima, o a falta de éstos, a persona de
reconocida honorabilidad para que ejerza la tutela judicial.
ARTÍCULO 304. Protutor. El protutor intervendrá
en las funciones de la tutela, para asegurar su recto ejercicio.
La designación del protutor se hará en la misma forma que
la del tutor. Puede recaer en parientes del pupilo o en otras personas, siempre
que reúnan las condiciones de notoria honradez y arraigo.
ARTÍCULO 305. El protutor está obligado:
1º. A Intervenir en
el inventario y avalúo de los bienes del menor y en la calificación y otorgamiento
de la garantía que debe prestar el tutor;
2º. A defender los
derechos del menor en juicio y fuera de él, siempre que estén en oposición con
los intereses del tutor;
3º. A promover el nombramiento
de tutor, cuando proceda la remoción del que estuviera ejerciéndola, o cuando
la tutela quede vacante o abandonada;
4º. A intervenir en la rendición de cuentas del tutor; y
5º. A ejercer las demás atribuciones que le señala la ley.
ARTÍCULO 306. Tutores específicos. Cuando hubiere
conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez
les nombrará tutores específicos.
ARTÍCULO 307. Mientras no se nombre tutor y protutor y
no se disciernan los cargos, el juez, de oficio, o a solicitud del Ministerio
Público, deberá dictar las providencias necesarias para el cuidado de la
persona del menor o incapacitado y la seguridad de sus bienes.
ARTÍCULO 308. Tutores legales. Los directores o
superiores de los establecimientos de asistencia social, que acojan menores o
incapacitados, son tutores y representantes legales de los mismos, desde el momento
de su ingreso, y su cargo no necesita discernimiento.
ARTÍCULO 309. Derogado por el Artículo 67 del Decreto del Congreso 77-2007.
ARTÍCULO 310. Los extranjeros no están obligados a
aceptar el cargo de tutor o protutor, sino en el caso de que se trate de sus
parientes y connacionales. La admisión de tales cargos, no implica la
adquisición de la nacionalidad guatemalteca.
ARTÍCULO 311. El discernimiento de la tutela, se rige
por la ley del lugar del domicilio del menor o incapacitado.
El cargo de tutor, discernido en país extranjero, de
conformidad con las leyes de dicho país, será reconocido en la república.
La tutela en cuanto a los derechos y obligaciones que
impone, se rige por las leyes del lugar en que fue discernido el cargo.
ARTÍCULO 312. Las facultades de los tutores, respecto
a los bienes que el menor o incapacitado tuviere fuera del lugar de su domicilio,
se ejercitarán conforme a la ley del lugar en que dichos bienes se hallen
situados.
ARTÍCULO 313. Las disposiciones relativas a los
tutores, regirán para las personas que administren bienes de menores o
incapaces, en casos determinados.
PÁRRAFO
II
INHABILIDAD
Y EXCUSAS PARA LA TUTELA
ARTÍCULO 314. Prohibiciones. No puede ser autor ni
protutor:
1º. El menor de
edad y el incapacitado;
2º. El que hubiere
sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la honestidad,
u otros delitos del orden común que merezcan pena mayor de dos años;
3º. El que hubiere
sido removido de otra tutela, o no hubiere rendido cuentas de su administración,
o si habiéndolas rendido, no estuviesen aprobadas;
4º. El ebrio
consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el vago y el de notoria
mala conducta;
5º. El fallido o
concursado, mientras no haya obtenido su rehabilitación;
6º. El que tenga
pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges, con el
menor o incapacitado;
7º. El que ha perdido
el ejercicio de la patria potestad o la administración de los bienes de sus hijos;
8º. El acreedor o
deudor del menor por cantidad apreciable en relación con los bienes del menor,
a juicio del juez, a menos que con conocimiento de causa, haya sido nombrado
por testamento;
9º. El que no tenga
domicilio en la república; y
10º. El ciego y el
que padezca enfermedad grave, Incurable o contagiosa.
ARTÍCULO 315. Los tutores o protutores a quienes
sobrevenga alguna de las incapacidades que se mencionan en el artículo anterior,
serán separados de su cargo por declaración judicial, previa denuncia y
comprobación del hecho por el Ministerio Público o algún pariente del pupilo.
ARTÍCULO 316. Remoción. Serán también removidos
de la tutela y pro tutela:
1º. Los que
demuestren negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo;
2º. Los que
incitaren al pupilo a la corrupción o al delito;
3º. Los que
emplearen maltrato con el menor;
4º. Los que a
sabiendas hayan cometido inexactitud en el Inventario, omitiendo bienes o créditos
activos o pasivos; y
5º. Los que se
ausenten por más de seis meses, del lugar en que desempeñen la tutela y pro
tutela.
ARTÍCULO 317. Excusa. Pueden excusarse de la
tutela y pro tutela:
1º. Los que tengan a su cargo otra tutela o pro tutela;
2º. Los mayores de sesenta años;
3º. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más
hijos;
4º. Las mujeres;
5º. Los que por sus
limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia;
6º. Los que
padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir los deberes de su cargo; y
7º. Los que tengan que ausentarse de la República por más
de un año.
ARTÍCULO 318. Los que no fueren parientes del menor o
incapacitado, no estarán obligados a aceptar la tutela o pro tutela si hubiere
personas llamadas por la ley, que no tengan excusa o impedimentos para ejercer
aquellos cargos.
PÁRRAFO
III
EJERCICIO
DE LA TUTELA
ARTÍCULO 319. Discernimiento del cargo. El tutor y el
protutor no entrarán a ejercer sus cargos, sino después de discernidos por el
juez.
Ninguna tutela puede ser discernida sin estar llenados
todos los requisitos que para su ejercicio exige la ley.
ARTÍCULO 320. Obligación de hacer inventario. El tutor
procederá al inventario y avalúo de los bienes del menor o incapacitado, dentro
de los treinta días siguientes a la aceptación del cargo, plazo que podrá ser restringido
o ampliado prudencialmente por el juez, según las circunstancias.
En ningún caso, ni aun por disposición del testador,
quedará el tutor eximido de esta obligación.
ARTÍCULO 321. Constitución de garantía. Practicado el
inventario, el tutor y el protutor quedan solidariamente obligados a promover
la constitución de la garantía, salvo que no haya bienes, o que tratándose de
tutor testamentario hubiere sido relevado de esta obligación por el testador,
en cuanto a los bienes objeto de la herencia, donación o legado.
ARTÍCULO 322. Cuando con posterioridad al
discernimiento de la tutela, sobrevenga o se descubra causa que haga
obligatoria la caución, lo harán saber al juez, el propio tutor o el protutor,
o el Ministerio Público, para el efecto de la constitución de la garantía.
ARTÍCULO 323. La garantía deberá asegurar:
1º. El importe de los bienes muebles que reciba el tutor;
2º. El promedio de
la renta de los bienes, en los últimos tres años anteriores a la tutela; y
3º. Las utilidades
que durante un año puede percibir el pupilo de cualquier empresa.
ARTÍCULO 324. La garantía deberá aumentarse o
disminuirse, según aumente o disminuya el valor de los bienes expresados y el
de las cosas en que aquella esté constituida.
ARTÍCULO 325. La garantía deberá consistir en
hipoteca, prenda o fianza otorgada por alguna institución bancaria o legalmente
autorizada para el efecto. La garantía personal y aun la caución juratoria,
pueden admitirse por el juez cuando, a su juicio, fueren suficientes, tomando en
cuenta el valor de los bienes que vaya a administrar el tutor y la solvencia y buena
reputación de éste.
ARTÍCULO 326. La garantía prendaria que preste el
tutor, se constituirá depositando los efectos o valores en una institución de
crédito autorizada para recibir depósitos; y a falta de ella, en una persona de
notorio arraigo.
ARTÍCULO 327. El juez fijará, a solicitud y propuesta
del tutor, la pensión alimenticia, de acuerdo con el inventario y las
circunstancias del pupilo, sin perjuicio de alterarla, según el aumento o
disminución del patrimonio y otros motivos que apreciará el tribunal.
ARTÍCULO 328. Presupuesto. El tutor, dentro del
primer mes de ejercer su cargo, someterá a la aprobación del juez, el
presupuesto de gastos de administración para el año.
Para los gastos extraordinarios que pasen de quinientos
quetzales, necesita el tutor autorización judicial.
ARTÍCULO 329. Las alhajas, muebles preciosos, efectos
públicos, bonos, acciones y valores, que a juicio del juez no hayan de estar en
poder del tutor, serán depositados en un establecimiento autorizado por la ley
para recibir depósitos.
ARTÍCULO 330. Carrera, oficio o profesión del menor. El tutor destinará
al menor a la carrera, oficio o profesión que éste elija, según sus
circunstancias. Si ya había iniciado alguna de estas actividades durante la
patria potestad, el tutor no puede variarla sin autorización del juez, para lo
cual deberá tomarse en cuenta las aptitudes y circunstancias del menor.
ARTÍCULO 331. El pupilo debe respeto y obediencia al tutor.
Este
tiene respecto de aquél, las facultades de los padres, con las limitaciones que
la ley establece.
ARTÍCULO 332. Necesidad de autorización judicial. El tutor
necesita autorización judicial:
1º. Para enajenar o
gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado; para dar los
primeros en arrendamiento por más de tres años, o con anticipo de renta por más
de un año; para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias; para
constituir servidumbres pasivas; y en general, para celebrar otra clase de
contratos que afecten el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de quinientos
quetzales.
Los contratos a que se refiere este inciso, no pueden ser
prorrogados;
2º. Para tomar
dinero a mutuo, debiendo sujetarse a las condiciones y garantías que acuerde el
juez;
3º. Para repudiar
herencias, legados y donaciones;
4º. Para transigir
o comprometer en árbitros, las cuestiones en que el pupilo tuviere interés;
5º. Para hacerse
pago de los créditos que tenga contra el menor o incapacitado; y
6º. Para resolver
la forma, condiciones y garantías en que debe colocar el dinero del pupilo.
ARTÍCULO 333. La venta de valores comerciales o
industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados, podrá
hacerse extrajudicialmente, pero nunca por menor valor del que se cotice en la
plaza el día de la venta, lo cual deberá comprobar el tutor al rendir sus
cuentas.
ARTÍCULO 334. El tutor responde de los intereses
legales del capital del pupilo, cuando por su omisión o negligencia, quedare
improductivo o sin empleo.
ARTÍCULO 335. El tutor no puede sin autorización
judicial, liquidar la empresa que forme parte del patrimonio del menor o variar
el comercio o industria a que éste o sus causantes hubieren estados dedicados.
ARTÍCULO 336. Prohibiciones. Quedan prohibidos al
tutor los actos siguientes:
1º. Contratar por
sí o por interpósita persona, con el menor o incapacitado, o aceptar contra él créditos,
derechos o acciones, a no ser que resulten de subrogación legal;
2º. Disponer a
título gratuito de los bienes del menor o incapacitado;
3º. Aceptar
donaciones del ex pupilo, sin estar aprobadas y canceladas las cuentas de su administración
salvo cuando el tutor fuere ascendiente, cónyuge o hermano del donante;
4º. Hacer remisión
voluntaria de derechos del menor o incapacitado; y
5º. Aceptar la
institución de beneficiario en seguros a su favor, provenientes de su pupilo.
ARTÍCULO 337. Tampoco podrán contratar acerca de bienes
del menor o incapacitado, por si o por interpósita persona, los parientes del
tutor, salvo que éstos sean coherederos o copartícipes del pupilo.
ARTÍCULO 338. El tutor no puede reconocer hijos del
pupilo, sino con el consentimiento expreso de éste y en ningún caso los del
incapaz, ni consentir expresa o tácitamente las resoluciones desfavorables al
pupilo.
ARTÍCULO 339. Durante el ejercicio de la tutela, el
protutor está obligado a defender los derechos del menor en juicio y fuera de
él, cuando estén en oposición con los intereses del tutor; y a promover el
nombramiento, cuando proceda la remoción del que la tuviere en ejercicio, o
cuando la tutela quede vacante o abandonada.
ARTÍCULO 340. Retribución de la tutela. La tutela y pro
tutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará
del cinco ni excederá del quince por ciento anual de las rentas y productos líquidos
de los bienes del pupilo.
Cuando la retribución no hubiere sido fijada en el
testamento, o cuando sin mediar negligencia del tutor, no hubiere rentas o
productos líquidos, la fijará el juez, teniendo en cuenta la importancia del
caudal del pupilo y el trabajo que ocasione el ejercicio de la tutela. La retribución
se distribuirá entre el tutor y el protutor, correspondiendo al primero el
setenta y cinco por ciento y al segundo el veinticinco por ciento restante.
ARTÍCULO 341. Cuando el tutor y el protutor hubieren sido
removidos por su culpa, no tendrán derecho a recibir retribución alguna.
ARTÍCULO 342. El tutor está obligado a llevar una
contabilidad, comprobada y exacta de todas las operaciones de su
administración, en libros autorizados, aun cuando el testador le hubiere relevado
de rendir cuentas. Al final de su cargo, presentará una memoria que resuma los
actos llevados a cabo.
PÁRRAFO
IV
RENDICIÓN DE CEUNTAS DE LA TUTELA
ARTÍCULO 343. El tutor deberá rendir cuentas
anualmente y al concluirse la tutela o cesar en su cargo.
ARTÍCULO 344. La rendición anual de cuentas se hará ante
el juez con intervención del protutor y del Ministerio Público.
ARTÍCULO 345. La rendición final de cuentas se hará
por el tutor o sus herederos, al ex pupilo o a quien lo represente, dentro de
sesenta días contados desde que terminó el ejercicio de la tutela.
ARTÍCULO 346. El tutor que sustituya a otro está
obligado a exigir la entrega de bienes y la rendición de cuentas al que lo ha
precedido. Si no lo hiciere, es responsable de los daños y perjuicios que por
su omisión se siguieren al pupilo.
ARTÍCULO 347. Las cuentas deben ir acompañadas de sus documentos
Justificativos. Sólo podrá excusarse la comprobación de los gastos en que no se
acostumbre recoger recibo.
ARTÍCULO 348. Los gastos de la rendición de cuentas,
serán a cargo del menor o incapacitado.
ARTÍCULO 349. Entrega de bienes. El tutor, concluida la
tutela, está obligado a entregar al que fue su pupilo, todos los bienes y
documentos que le pertenezcan.
Esta obligación no se suspende por estar pendiente la
rendición de cuentas.
ARTÍCULO 350. El saldo de las cuentas que resultare a
favor o en contra del tutor, producirá interés legal.
En el primer caso, desde que el pupilo sea requerido para
el pago, previa entrega de los bienes; en el segundo, desde la rendición de
cuentas, si hubieren sido rendidas dentro del término legal, y en caso
contrario, desde que éste expire.
ARTÍCULO 351. Prescripción de acciones. Las acciones u
obligaciones que recíprocamente correspondan al tutor y al expupilo, por razón
del ejercicio de la tutela, se extinguen a los cinco años de concluida ésta.
CAPÍTULO
X
DEL
PATRIMONIO FAMILIAR
ARTÍCULO 352. Concepto. El patrimonio familiar
es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la
protección del hogar y sostenimiento de la familia.
ARTÍCULO 353. Bienes sobre los cuales puede constituir. Las casas de
habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales
y comerciales, que sean objeto de explotación familiar, pueden constituir el patrimonio
de familia, siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este
capítulo.
ARTÍCULO 354. Sólo puede fundarse un patrimonio para
cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por marido y
mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal.
También puede constituirse por un tercero, a título de
donación o legado.
ARTÍCULO 355. Valor máximo del patrimonio. No puede
establecerse patrimonio familiar que exceda de cien mil quetzales en el momento
de su constitución.
Cuando el valor de los bienes afectos haya sido inferior a
dicha suma podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose la ampliación
al mismo procedimiento que para su constitución.
ARTÍCULO 356. Caracteres del patrimonio. Los bienes
constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables
y no podrán estar gravados ni gravarse, salvo el caso de servidumbre.
ARTÍCULO 357. No puede hacerse en fraude de acreedores. El
establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores.
Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la gestión del
instituyente solicitando la aprobación judicial, será publicada para que llegue
a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse.
ARTÍCULO 358. Obligación de los beneficios. Los miembros de
la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar
personalmente el predio agrícola, o la industria o negocio establecido, salvo
las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados.
ARTÍCULO 359. Si el inmueble constituido en patrimonio
familiar fuere inscrito únicamente a nombre del cabeza de familia, se entenderá
que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores
o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquél.
ARTÍCULO 360. Obligación de constituir patrimonio. Cuando haya
peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos, pierda sus
bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas
tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar
sobre determinado bien del obligado.
ARTÍCULO 361. Aprobación judicial. Para la
constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su
inscripción en el Registro de la Propiedad, previos los trámites que fije el
Código Procesal Civil y Mercantil.
Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución
de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio
familiar; y bastará esta calificación legal, para su constitución y registro.
En lo demás, este patrimonio familiar se regulará de conformidad con lo
dispuesto en este capítulo en todo lo que le sea aplicable.
ARTÍCULO 362. Administrador. El representante legal
de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a
la vez de los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiera.
ARTÍCULO 363. El patrimonio familiar termina:
1º. Cuando todos
los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos;
2º. Cuando sin
causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la
casa que debe servirle de morada, o de cultivar por su cuenta la parcela o
predio vinculado;
3º. Cuando se
demuestre la utilidad y necesidad para la familia, de que el patrimonio quede extinguido;
4º. Cuando se
expropien los bienes que lo forman; y
5º. Por vencerse el
término por el cual fue constituido.
ARTÍCULO 364. El patrimonio familiar a término fijo,
debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros
actuales de la familia alcance la mayoría de edad; pero en ningún caso podrá
constituirse un patrimonio familiar por un término menor de diez años.
ARTÍCULO 365. Terminado el derecho al patrimonio familiar,
los bienes sobre que fue constituido, volverán al poder de quien lo constituyó
o de sus herederos; pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrán
derecho de hacer cesar la indivisión.
ARTÍCULO 366. Cuando el patrimonio se extinga por expropiación
del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria
mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar.
ARTÍCULO 367. Puede disminuirse el valor del patrimonio
familiar cuando por causas posteriores a su establecimiento, ha sobrepasado la
cantidad fijada como máxima, o porque sea de utilidad y necesidad para la
familia dicha disminución.
ARTÍCULO 368. El Ministerio Público intervendrá en la
constitución, extinción y reducción del patrimonio familiar.
Artículo
369 al 437. Derogados por el artículo 103
del Decreto 90-2005, reformado por los Decretos 14-2006, 29-2007 y 23-2008 del
Congreso de la República.
PARRAFO X
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
ARTÍCULO 438. En el libro especial d Registro de
Personas Jurídicas se hará la inscripción de las comprendidas en los incisos 3º
y 4º y párrafo final del artículo 15 de este Código.
ARTÍCULO 439. La inscripción se hará con presencia del
testimonio de la escritura pública en que se constituya la persona jurídica, debiéndose
dar cumplimiento a los requisitos que establece el tratado de sociedades en el
Código respectivo.
Con la escritura debe acompañarse una copia de la misma en
papel sellado del menor valor, que quedará archivada, devolviéndose el
testimonio de la escritura con la razón de haber quedado inscrita la persona
jurídica.
ARTÍCULO 440. Las asociaciones que menciona el inciso
3º del citado artículo 15, presentarán para su inscripción, copia simple
certificada de sus estatutos o reglamento y el acuerdo de su aprobación y del
reconocimiento de su personalidad jurídica documentos que quedarán en poder del
Registro.
PARRAFO X
DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 441. Derogado
por el artículo 103 del Decreto del Congreso 90-2005.
[1] La adición del numeral 6 a
este Artículo carece de sentido, toda vez que el mismo no contiene numerales,
consideramos que el artículo al que debió agregarse este numeral es el Artículo
274.
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