MEDIDAS DE COERCIÓN

MEDIDAS DE COERCIÓN

Regulación legal: Artículos 254 CPP

Definición y fines de las medidas de coerción

Definición. Las medidas de coerción en el proceso penal son actos que limitan derechos fundamentales de carácter personal o patrimonial con el objeto de resguardar la aplicación de la ley penal.

Las medidas coercitivas son actos procesales de coerción directa que pese a recaer sobre los derechos de relevancia constitucional, de carácter personal o patrimonial de las personas que se disponen con la finalidad de evitar determinadas actuaciones perjudiciales que el imputado puede realizar durante el transcurso del proceso instaurado en su contra llegando incluso a frustrarlo.

Fines de las medidas de coerción.

Asegurar la presencia del imputado en el proceso e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Aseguran la presencia del imputado durante la sustentación del  proceso y su real sometimiento al poder judicial; para impedir una rebeldía que trabe la investigación o determine la paralización del proceso

Características: Instrumentalidad, provisionalidad, proporcionalidad y excepcionalidad.

Instrumentalidad.  Las medidas de coerción se supeditan a un proceso principal, por lo tanto una vez que finaliza sea por sentencia o auto definitivo, se produce la extinción de la medida.

Provisionalidad. Las medidas de coerción están dirigidas a asegurar la efectividad de la sentencia por fuerza ha de tener una vigencia limitada en el tiempo. Toda vez que solo pueden mantenerse en tanto se mantengan las causas que motivaron su adopción.

Proporcionalidad. La medida de coerción debe ser acorde a los hechos que se depuran y su gravedad, por lo tanto se denegaran las medidas que se soliciten cuando sea posible sustituirla por otra con la misma eficacia pero menos gravosa y perjudicial que mejor se adapte a las circunstancias del caso.

Excepcionalidad. Las medidas de coerción son la excepción y no la regla.

Clases: Personales y reales o patrimoniales.

Medidas de coerción personales. Son aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad personal que puede adoptar el órgano jurisdiccional en contra del imputado en el proceso penal con el objeto de asegurar la realización de los fines del procedimiento.

Son las más trascendentales por los bienes jurídicos que afectan y suponen una limitación o una prohibición  en el ejercicio de las libertades individuales.

Personales:

Provisionalísimas, la citación y la conducción.

Provisionalísimas. Son medidas de coerción personales muy limitadas en el tiempo y que tienen por objeto la presentación del imputado o de otra persona al proceso.

La citación, art. 173 y 255 cpp.

La citación es la comunicación que el fiscal o el juez realizan a una persona con el objeto de que comparezca ante ellos para ser notificado, declarar o practicar algún otro acto (reconocimiento, pericia, etc...). Al respecto, hay que indicar que es obligación constitucional (artículos 12 y 32) que en las citaciones a los imputados se indique claramente que son emplazados en calidad de tal así como el objeto de la misma. Asimismo, es necesario advertir en la citación que tienen derecho a presentarse con abogado o a exigir uno de oficio.

La conducción. (art. 255 y 175 CPP)

Es una medida de coerción personal provisionalísima que se aplica en  aquellos casos en los que la persona debidamente citada no compareciese sin existir motivo justificado, el Código faculta al fiscal o al Ministerio Público a ordenar la conducción.

La conducción es el acto mediante el cual una persona es llevada por la fuerza pública ante el juez o el fiscal, debido a que su presencia es indispensable para practicar un acto o notificación.

La conducción es subsidiaria de la citación: para ordenar la conducción es requisito que previamente se haya realizado citación y que el citado no haya acudido sin causa justificada.

No obstante, de forma excepcional se puede conducir, sin citación previa, en aquellos casos en los que existiese peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer la averiguación de la verdad. Si bien el Código faculta genéricamente al Ministerio Público para ordenar la conducción, no podrá ordenarla directamente cuando se trate del imputado. En esos casos deberá realizarla con orden del juez.

Presentación espontanea, art. 254 cpp.

La ley procesal penal le otorga el derecho a cualquier persona que considere que puede estar sindicada en procedimiento penal a presentarse espontáneamente ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchada, sin necesidad de ser citada. El propósito de esta institución es conceder al imputado una vía para intervenir en el proceso, ejercitando su derecho de defensa y subsidiariamente evitar el empleo justificado de medidas de coerción para obligarlo a comparecer.

Retención. La retención es la facultad que tienen diversos funcionarios, en situaciones de urgencia, de limitar la libertad de movimiento de personas, sobre las que surge sospecha de participación o que puedan haber sido testigos de un hecho punible con el objeto de evitar la fuga del imputado y de impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. La ley es taxativa al señalar los supuestos en los que se puede retener:

1º En el primer momento de la investigación de un hecho, el juez o el fiscal podrán disponer que los presentes permanezcan en el lugar, sin comunicarse entre sí, cuando no fuere posible individualizar al autor, los partícipes y los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad (art. 256).

2º El juez o el fiscal podrán ordenar que nadie se ausente en el lugar en el que se está realizando una diligencia de inspección o de registro (art.188).

LA CITACIÓN, LA CONDUCCIÓN Y LA RETENCIÓN son las únicas medidas de coerción personal que pueden recaer en persona distinta al imputado.

Aprehensión y detención, art. 257 cpp.

La aprehensión, es una medida de coerción personal, que puede adoptar la autoridad judicial, la policía e incluso los particulares.

La detención consiste en la privación de libertad de una persona sobre la que pesa sospecha de comisión de algún hecho delictivo, con el objeto de ponerla a disposición judicial para que preste su declaración. Cumplido este acto, sólo podrá permanecer privado de libertad si se le dicta auto de prisión preventiva.

También podrá ordenarse la detención contra una persona condenada en sentencia firme o a la que ya se le haya dictado auto de prisión preventiva y se hubiese fugado. En ese caso, no será necesario tomarle declaración ni dictarle nuevo auto de aprehensión.

La aprehensión o detención está regulada en la Constitución (arts. 6 a 11) y en el Código Procesal Penal (arts. 257 y 258)

Medidas de coerción personal posteriores a la declaración del imputado: la prisión preventiva, el auto de procesamiento y las medidas sustitutivas

La decisión del juez tras la declaración del imputado.  Una vez que el imputado ha sido puesto a disposición del juez y este le haya tomado declaración en presencia del abogado y habiendo oído la petición del fiscal, decidirá sobre su situación personal.

El juez podrá decidir:

1º Cuando existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo y existiendo peligro de fuga o de obstaculización de la verdad que sólo pueda evitarse a través de la prisión preventiva, el juez ordenará la misma. A raíz del decreto 32-96 de reforma al Código Procesal, también deberá ordenar la prisión si la imputación se da por alguno de los delitos enumerados en el artículo 264 CPP.

2º Cuando existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo y existiendo peligro de fuga o de obstaculización de la verdad y estos no puedan evitarse con una medida sustitutiva, el juez la fijará.

3º Cuando existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo pero no exista peligro de fuga ni de obstaculización de la verdad, el juez ordenará la libertad con la simple promesa de presentación por parte del sindicado.

4º Cuando no existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo, el juez dictará falta de mérito y ordenará la libertad del sindicado.

La falta de mérito sólo resuelve la situación personal del imputado, pero no produce ningún efecto de cosa juzgada; no debe confundirse con un sobreseimiento. Podría darse la situación de que el juez dictase falta de mérito, el fiscal continuase la investigación y solicitase con nuevas pruebas la prisión preventiva.

El auto de procesamiento, art. 320 cpp.

Es un acto procesal emitido por el juez en la audiencia de primera declaración, consistente en la declaración de presunta culpabilidad del imputado por algún indicio racional de haber cometido o participado en un hecho punible y que le constituye en el estado de procesado.

Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación, emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia.

  

Requisitos del auto de procesamiento:

1- Nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso, o cualquier otro dato que sirva para identificarlo,

2- Una suscinta enunciación del hecho o hechos sobre los que recibió la indagatoria,

3- La calificación legal del delito, la cita de las disposiciones aplicables, y

4- Los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva.

Los efectos del auto de procesamiento son:

1. Ligar formalmente al imputado al proceso.

2. Fijar el tipo de delito por el cual se persigue, a partir de la descripción del hecho delictivo. Este es el principal motivo por el cual se puede plantear la reforma del auto de procesamiento, ya que un cambio de calificación puede posibilitar la reforma del auto de prisión preventiva.

3. Fijar el momento a partir del cual la investigación se puede limitar temporalmente (art. 323, 324 bis CPP).

El auto de procesamiento podrá ser reformado, de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento del procedimiento preparatorio. Para ello se tendrá que celebrar audiencia en la que se escuche a las partes. En cualquier caso, ni la tipificación, ni el relato de hechos, que realiza el juez en el auto de procesamiento vincula al fiscal al presentar su acusación.

La prisión preventiva, art. 259 cpp.

Es una medida de coerción personal que consiste en la privación de libertad de una persona, ordenada por el juez, en establecimiento distinto a los de los condenados, con el objeto de asegurar su presencia en juicio o para evitar la obstaculización de la verdad.

Forma y contenido del auto de prisión preventiva:

1- Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo,

2- Una suscinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyan,

3- Los fundamentos con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida,

4- La cita de las disposiciones finales aplicables.

Excepción a la prisión preventiva. En los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad.

No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción.

Duración y cesación de la prisión preventiva: art. 268 y 324 BIS

Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, art. 264, 264 BIS y 265 cpp

Las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código Procesal Penal a la prisión preventiva, en aquellos casos en los que los fines de la misma pueden lograrse por otras vías menos gravosas para el sindicado.

1- El arresto domiciliario…,

2- La OBLIGACIÓN de someterse al cuidado  o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informara periódicamente al tribunal,

3- La OBLIGACIÓN de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe,

4- La PROHIBICIÓN de salir, sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside  o del ámbito territorial que fije el tribunal,

5- La PROHIBICIÓN de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares,

6- La PROHIBICIÓN de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa,

7- La prestación de una CAUCIÓN adecuada…

Improcedencia de las  medidas de sustitutivas:

1- Delitos cometidos por reincidentes o delincuentes habituales,

2- homicidio doloso, art. 123 CP,

3- Asesinato, 132 CP

4- Parricidio, 131 CP

5- Violación… 173 CP

6- Plagio o secuestro, 201 CP

7- Sabotaje, art. 391 # 2 CP

8- Robo Agravado, 252 CP

9. Al reincidente en los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivas,

10. Tenencia o portación ilegal de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la DIGECAM.

11. Delitos regulados en la Ley contra la Narcoactividad

La Caución económica es la única medida sustitutiva en los delitos de índole tributaria.

Medidas de coerción reales y patrimoniales. Art. 278-280 cpp

Definición Las medidas de coerción reales tienen también como fundamento genérico el asegurar el resultado del juicio y el evitar la obstaculización a la investigación. Asimismo rige para ellas el principio de excepcionalidad y el de proporcionalidad.

Las medidas de coerción reales como su nombre lo indica recaen sobre bienes muebles e inmuebles.

Clases: embargo y secuestro

Embargo. Tienen como finalidad el aseguramiento de las responsabilidades civiles o de la multa.

Cuando la medida tenga por finalidad el aseguramiento de la pena de multa, el Ministerio Público y el querellante podrán solicitarle al juez la imposición de una de las medidas de garantía previstas en la LEY PROCESAL CIVIL. No obstante, en supuestos de urgencia, cuando aún no se haya definido quien va a ejercitar la acción civil, podrá solicitar la medida el fiscal. La medida recaerá sobre bienes del imputado o del tercero civilmente demandado.

Secuestro.  Es una medida de coerción real que tiene como finalidad asegurar las evidencias para luego practicar sobre las mismas los diversos medios probatorios. La persona que tuviese estos bienes en posesión estará obligada a entregarlos. En el caso de que se oponga, se dispondrá su secuestro (art. 198 CPP).

El secuestro es la incautación que se realiza, con orden del juez o tribunal, de cosas y documentos relacionados con el proceso, que no han querido ser entregados voluntariamente por sus tenedores, con el fin de conservarlos y asegurar su valoración a través de distintos medios de prueba.

Es una medida de coerción de carácter real que tiene como fin evitar la destrucción, modificación, supresión u ocultación de elementos de prueba.

Revisión de las medidas de coerción personales. Art. 276 y 277 CPP

El auto que imponga o rechace una medida de coerción es REVOCABLE o REFORMABLE, aún de oficio. La revisión de la medida de coerción puede ser solicitada ya sea por el mismo imputado y su defensor, en cualquier momento del proceso, siempre que hubieren VARIADO LAS CIRCUNSTANCIAS PRIMITIVAS.