APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO
EXPEDIENTES
ACUMULADOS 2053-2015 y 2158-2015
CORTE
DE CONSTITUCIONALIDAD:
Guatemala, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.
En
apelación, y con su antecedente, se examina la sentencia de quince de mayo de
dos mil quince, dictada por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional
de la misma naturaleza promovida por el Colegio de Contadores Públicos y
Auditores de Guatemala, por medio su Presidente de Junta Directiva y
Representante Legal Oscar Chile Monroy, contra el Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. El postulante
actuó con el patrocinio de los abogados Alfredo Rodríguez Mahuad, Álvaro
Rodrigo Castellanos Howell y Elías José Arriaza Sáenz. Es ponente en el
presente caso la Magistrada María de los Angeles Araujo Bohr, quien expresa el
parecer de este Tribunal.
ANTECEDENTES
I.
EL AMPARO
A)
Interposición y autoridad:
presentado el diez de abril de dos mil quince en el Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia y, posteriormente, trasladado a la
Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. B) Actos reclamados: a) la colegiación de los profesionales de la
carrera de Contador Público y Auditor, egresados de las diferentes
universidades del país, por parte de la autoridad reprochada, con posterioridad
a la creación del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, no
obstante la prohibición del artículo 41 de la Ley de Colegiación Profesional
Obligatoria; b) el acuerdo adoptado
en asamblea general extraordinaria del Colegio de Economistas, Contadores
Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, celebrada el veintinueve de
septiembre de dos mil catorce, en el cual se decidió continuar colegiando a los
profesionales de la carrera de Contador Público y Auditor, documentado en acta
cero seis-dos mil catorce diagonal dos mil quince (06-2014/2015). C) Violaciones que se denuncian: a los
derechos de seguridad y certeza jurídica, de asociación y al principio de
legalidad. D) Hechos que motivan el
amparo: del estudio del antecedente, así como de lo expuesto por el postulante,
se resume: D.1) Producción del acto
reclamado: a) En acatamiento de
lo resuelto dentro de un proceso de amparo, el veintiocho de abril de dos mil
cinco, la Asamblea de Presidentes de los Colegios de Profesionales, estimó
procedente la constitución y registro del Colegio de Contadores Públicos y
Auditores de Guatemala; ordenado su inscripción y publicación de estatutos, el
nueve de julio de ese mismo año; b)
posteriormente, por medio de resolución un mil trescientos setenta. cuatro mil
cuatrocientos once . diez, emitida el nueve de agosto de dos mil diez, la
Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales resolvió que a partir de
esa fecha todos los profesionales de las carrera de Contaduría Pública y
Auditoría, egresados de las diferentes universidades que operan en el país,
debían inscribirse exclusivamente en el Colegio de Contadores Públicos y
Auditores de Guatemala y que el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas –autoridad denunciada– debía abstenerse
de continuar registrando a esos profesionales. Esta disposición fue notificada a la autoridad cuestionada y al
amparista, sin que hubiere sido objeto de impugnación; c) no obstante lo
anterior, la autoridad denunciada decidió continuar colegiado a los
profesionales aludidos –primer acto reclamado–, y por ello a su solicitud [en
congruencia con lo ordenado en el proceso constitucional de amparo, que se
conoció en alzada por esta Corte dentro de los expedientes acumulados 4608-2013
y 4893-2013] la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales
creó una mesa técnica promoviendo una solución al conflicto puesto a su
conocimiento, habiéndose efectuado cinco sesiones en la referida instancia
conciliatoria; d) sin embargo, en la
sesión celebrada el uno de octubre de dos mil catorce, el representante del
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas, manifestó que el veintinueve de septiembre de ese año celebraron una
asamblea general extraordinaria en la que acordaron que continuarían colegiando
a los Contadores Públicos y Auditores –segundo acto reclamado–, solicitando en
esa misma sesión que se diera por terminada la mesa técnica por lo que el
veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Asamblea de Presidentes de los
Colegios Profesionales agotó la instancia de conciliación regulada en el
artículo 33 inciso d) de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. D.2) Expresión de agravios que se reprochan
al acto reclamado: el amparista manifestó que el Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, continúa
colegiando a los contadores públicos y auditores, no obstante que ya existe un
colegio específico para esa profesión, por lo que con su proceder contraviene,
entre otros preceptos jurídicos, el artículo 41 de la Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria que establece: “Aquellos
profesionales universitarios que no cumplan con los requisitos para organizarse
legalmente como colegio, en tanto se complementen éstos, deberán inscribirse y
registrarse en el colegio que tenga mayor afinidad con su profesión, previo
dictamen de la Asamblea de presidentes de los Colegios profesionales.---No
podrá existir más de un colegio profesional por cada una de las profesiones
universitarias.” D.3)
Pretensión: el postulante solicitó que se le otorgue amparo y, como
consecuencia, se ordene a la autoridad denunciada que cese de colegiar a los
Contadores Públicos y Auditores. E) Uso
de procedimientos y recursos: agotamiento de la instancia conciliatoria que
establece el artículo 33, inciso d), de la Ley de Colegiación Profesional
Obligatoria. F) Casos de procedencia:
se invocaron los contenidos en los incisos a), b) y d) del artículo 10 de la
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Disposiciones constitucionales y legales
que se denuncian como violadas: artículos 2º., 34, 90, 152, 153, 154, de la
Constitución Política de la República de Guatemala; y 41 de la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria.
II.
TRÁMITE DEL AMPARO
A)
Amparo provisional: no se
otorgó. B) Tercero interesado: Asamblea de Presidente de los Colegios
Profesionales. C) Informe
Circunstanciado: a) el amparo adolece de definitividad dado que el Acuerdo
adoptado por la asamblea general extraordinaria del Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas el veintinueve de
septiembre de dos mil catorce, no fue impugnado de conformidad con el artículo
21, inciso c), de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria; b) la autoridad cuestionada se fundó en
mil novecientos cincuenta y uno y sus Estatutos fueron aprobados el diez de
julio de ese año por el Consejo Superior Universitario, en tanto que el
postulante se declaró constituido hasta el veintiocho de abril de dos mil cinco
por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales; sin embargo, la
creación de este último no modificó la actividad del primero de los
mencionados, que continuó colegiando a contadores públicos y auditores desde el
uno de junio de dos mil cinco, por lo que la solicitud de amparo es
extemporánea; c) el problema de
coexistencia de los dos colegios ya fue objeto de amparo ante la Sala Tercera
de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, así como en alzada ante
la Corte de Constitucionalidad, tribunal que en fallo de quince mayo de dos mil
catorce [dictado en los expedientes acumulados 4608-2013 y 4893-2013], analizó
la situación y decidió que para llegar a un acuerdo entre ambos colegios debe
existir un proceso conciliatorio al tenor del artículo 33 de la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, lo que no ha ocurrido; d) el colegio amparista no ha entrado a
conciliar sobre las prestaciones a que tienen derecho los colegiados de la
carrera relacionada, quienes han contribuido a la financiación del sistema
previsional con sus aportes. D) Prueba:
Documentos: a); acta notarial
faccionada el diez de febrero de dos mil quince por la Notaria Marta Elizabeth
Muñoz Hernández; b) certificación
de treinta de marzo de dos mil quince extendida por la Secretaria de la Junta
Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala; c) copia de la resolución emitida por
la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de diecisiete de
octubre de dos mil tres; d) copia de
la certificación emitida por la Secretaria de la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la
sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil cuatro; e) copia de la sentencia de ocho de febrero de dos mil cinco,
dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 1432-2004; f) copia de la certificación del acta
que documenta la sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil cinco, por
la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales; g) copia de la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil seis
por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 985-2006; h) copia de la certificación
extendida por el Presidente en funciones de la Junta Directiva de la Asamblea
de Presidentes de los Colegios Profesionales, del punto cuatro . once, del acta
trescientos setenta, del nueve de agosto de dos mil diez; i) copia de las publicaciones de Prensa Libre del veinticinco de
agosto de dos mil diez y siete de marzo de dos mil once; j) copia de la solicitud del Colegio de Contadores Públicos y
Auditores de Guatemala dirigida al Presidente de la Junta Directiva y el
Coordinador de la Comisión de la Defensa Gremial de la Asamblea de Presidentes
de los Colegios Profesionales, presentada el dos de julio de dos mil doce; k) copia de la carta de veintinueve de
noviembre de dos mil doce; l) copia
de la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil trece, por la
Asamblea de los Presidentes de los Colegios Profesionales; m) copia de la resolución emitida el veinticuatro de junio de
dos mil trece, por la Asamblea de los Presidentes de los Colegios
Profesionales; n) copia de la
sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil
y Mercantil el treinta de septiembre de dos mil trece, dentro de expediente
0110-2013-159; ñ) copia de la
sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el quince de mayo de dos
mil catorce, dentro de los expedientes acumulados 4608-2013 y 4893-2013; o) copia de la certificación emitida
por la Secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Economistas, Contadores
Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, identificada cero seis-dos
mil catorce/dos mil quince; p) copia
de los escritos de siete de noviembre de dos mil catorce, presentados por la
Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales a la Sala Tercera de la
Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil y a la Corte de
Constitucionalidad; q) copia de la
certificación extendida el tres de diciembre de dos mil catorce, por la
Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea de los Presidentes de los
Colegios Profesionales, de las actas redactadas en la mesa técnica designada
por la Asamblea de los Presidentes de los Colegios Profesionales. E) Sentencia de primer grado: la Sala
Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de
Amparo, consideró: “(…)
la presente acción constitucional de amparo adolece del principio de
definitividad, presupuesto indispensable para la procedencia de la misma, toda
vez que previo al planteamiento de una acción constitucional de Amparo, es de
obligado cumplimiento para el postulante, el agotar todos los recursos y
procedimientos que la ley rectora del acto reclamado para que se establezca (sic)
y por los cuales se pueda ventilar
adecuadamente el asunto de conformidad con el principio del debido proceso,
pues se pudo establecer que al momento de analizar el acto reclamado en sus dos
puntos principales, los mismos se entrelazan en el Acuerdo tomado en Asamblea
General Extraordinaria del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas, celebrada el veintinueve de septiembre
de dos mil catorce, por medio de la cual decidieron continuar colegiando a los
profesionales de la carrera de Contador Público y Auditor de las diferentes
universidades, misma que era factible impugnar lo cual no se hizo y queda
evidenciado por un lado con el informe circunstanciado presentado por el
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, en el cual en su parte
conducente se argumenta que la presente acción de amparo carece de
definitividad ya que el acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria
realizada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce por el Colegio de
Economistas no fue impugnada mediante el recurso de apelación de conformidad
con el artículo 21 inciso c) de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria (…)”. Y resolvió: “I) Improcedente el amparo solicitado
por Oscar Chile Monroy, en calidad de Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de
Guatemala; por las razones consideradas. II)
Se exime al pago de las costas judiciales; III) Impone la multa de cincuenta quetzales (50.00) a: i. Alfredo
Rodríguez Mahuad; ii. Álvaro Rodrigo Castellanos Howell, y; iii. Elías José
Arriaza Sáenz, que deberá hacerse efectiva en la Tesorería de la Corte de
Constitucionalidad, cinco días después de encontrarse firme el presente fallo (…)”.
III.
APELACIÓN
A) El
Colegio de Contadores y Auditores Públicos de Guatemala, postulante, impugnó la sentencia emitida por el
Tribunal de Amparo de primer grado y expuso que el recurso de apelación
regulado en el artículo 21, inciso c), de la Ley de Colegiación Profesional
Obligatoria, está contenido en el capítulo referente y a los derechos y deberes
de los colegiados, estableciéndose que el derecho de apelación corresponde a
los colegiados activos de cada asociación gremial. En el presente caso concurre
una disputa entre dos colegios profesionales, por lo que la norma aplicable es
el artículo 33, inciso d), de dicha Ley, que regula la obligación de agotar la
instancia conciliatoria que debe instalarse con la intervención de la Asamblea
de Presidentes de los Colegios Profesionales. Este procedimiento fue agotado
previamente a solicitar amparo; sin embargo, persiste el conflicto entre la
autoridad reprochada y el postulante, respecto a la colegiación de los
Contadores Públicos y Auditores.
B) La
Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, tercera interesada, apeló y expresó que el postulante al
promover esta garantía constitucional manifestó que le producía agravio que la
autoridad cuestionada continuara colegiando a los Contadores Públicos y
Auditores, pese a que ya se autorizó el funcionamiento de un colegio
profesional específico para esta carrera. Este agravio no fue analizado por el
Tribunal a quo, porque al dictar
sentencia, sin fundamento alguno, consideró que se incumplió con el principio
de definitividad, porque debió agotarse el recurso que establece el artículo
21, inciso c), de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, lo cual no es
cierto, porque el procedimiento específico que la Ley señala es el agotamiento
de la vía conciliatoria.
IV.
ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA
A) Colegio
de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala –postulante–, argumentó: i) en la sentencia apelada únicamente
se determina la supuesta falta de definitividad con respecto al segundo acto
reclamado y no se hace ningún análisis en lo que concierte al primero de los
actos que se denuncian como agraviantes; ii)
carece de consistencia jurídica la aseveración realizada por el Tribunal a quo sobre que era procedente agotar el
recurso que establece el artículo 21 inciso c) de la Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria, dado que únicamente ostentan legitimación activa para
hacer uso de ese medio de impugnación los colegiados activos del Colegio de
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. La
norma especial aplicable para los conflictos que surjan entre colegios
profesionales es el artículo 33, inciso d), de la mencionada Ley. Reiteró
los argumentos vertidos en el escrito inicial y solicitó que se declare con
lugar el recurso de apelación, se revoque la sentencia que se conoce en grado y
se otorgue amparo ordenando que la autoridad reprochada cese de colegiar a los
contadores públicos y auditores. B)
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas –autoridad reprochada–, manifestó: i) de conformidad con sus estatutos y leyes aplicables sí está
facultado para colegiar a los profesionales de la carrera universitaria de
Contador Público y Auditor, desde su creación en mil novecientos cincuenta y
uno; ii) la creación del
Colegio que solicita la protección de esta garantía constitucional, se hizo sin
efectuar modificación alguna a las disposiciones legales que regulan la
existencia, el funcionamiento y demás actividades del Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, que es el único
que expresamente reconoce el artículo 233 de la Constitución Política de la
República de Guatemala; iii) la
colegiación de Contadores Públicos y Auditores, no se realiza por el acuerdo
adoptado el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, que se señala como
acto reclamado en este asunto; por el contrario, se efectúa como un derecho
adquirido desde mil novecientos cincuenta y uno, con base en la normativa legal
aplicable y que no ha sido derogada; iv)
el amparo solicitado es improcedente dado que se incumple con los
presupuestos procesales de temporalidad y de definitividad; el primero, porque
desde el momento en que se creó el Colegio de Contadores Públicos y Auditores
de Guatemala en el año dos mil cinco hasta la fecha, ha continuado colegiando a
los profesionales de mérito, sin limitación y restricción alguna, permaneciendo
en silencio la entidad postulante por aproximadamente diez años. Respecto a la
falta de definitividad aseguró que previamente a solicitar amparo debió
promover la derogatoria de la legislación que le permite a la autoridad
cuestionada realizar las actividades que ahora se denuncian en sede
constitucional de manera no idónea. Además, el artículo 21, inciso c), de la
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria regula el recurso de apelación que
no fue agotado por el amparista. Solicitó que dicte sentencia, por la que se
confirme el fallo que se conoce en grado. C)
la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales–tercera interesada–, expresó
que: i) la sentencia que se conoce
en grado no tomo en consideración que los agremiados al colegio que dicta
la resolución agraviante, son los únicos pueden apelar contra esa disposición,
no así los profesionales que pertenecen a otros colegios profesionales; ii) de conformidad con lo previsto en
el artículo 41 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria la entidad que
solicita el amparo es la única que tiene derecho a colegiar a los contadores
públicos y auditores. Solicitó que al dictar el fallo respectivo se declare con
lugar el recurso de apelación instado, se revoque la sentencia impugnada y se
otorgue el amparo solicitado. D)
El Ministerio Público afirmó que no comparte el criterio del
pronunciamiento dictado el quince de mayo de dos mil quince por la Sala Sexta
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, argumentó: i) la Asamblea de Presidentes de los
Colegios Profesionales, emitió la resolución un mil trescientos setenta .
cuatro mil cuatrocientos once . diez, de
nueve de agosto de dos mil diez, ordenando a la autoridad cuestionada que
abstuviera de seguir agremiando a los profesionales graduados de la carrera
universitaria de Contador Público y Auditor, dado que existía para tales
propósitos un colegio específico; sin embargo, la entidad denunciada ha hecho
caso omiso de esa orden, por lo que el agravio ha venido subsistiendo en el
transcurso del tiempo; ii) consta en el expediente respectivo que la
Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, instaló una mesa técnica
con la participación del postulante y de la autoridad agraviante, habiéndose
desarrollado cinco sesiones, sin que los colegios en conflicto llegaran a un
acuerdo, motivo por el cual la referida Asamblea dio por finalizada esa
instancia conciliatoria, para que los interesados acudan a las vías legales
correspondientes; iii) la autoridad
cuestionada se ha atribuido funciones que no le competen, puesto que ante la
creación del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, es este el Colegio
específico en el deben inscribirse todos los nuevos profesionales de dicha
carrera universitaria, en congruencia con la orden emitida por la Asamblea de
Presidentes de los Colegios Profesionales, quien de igual manera dispuso que el
ente denunciado se abstuviera de colegiar a los profesionales relacionados; sin
embargo, de manera arbitraria se desacató lo ordenado por la autoridad
respectiva, en contravención al artículo 41 de la Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria que regula que no puede haber más de un colegio para
cada profesión, con lo cual se evidencia el agravio que se produce al
amparista. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación
interpuesto, como consecuencia, se revoque el fallo apelado y se otorgue el
amparo pretendido.
CONSIDERANDO
---I---
Procede el amparo cuando el acto contra
el que se reclama en sede constitucional, produce agravio al postulante y este
subsiste después de haberse hecho uso de los medios de defensa que la ley
específica de la materia establece.
---II---
El Colegio de Contadores Públicos y
Auditores de Guatemala, solicitó la protección de esta garantía constitucional,
señalando como actos reclamados: a)
la colegiación de los profesionales de la carrera universitaria de Contador
Público y Auditor, egresados de las diferentes universidades del país, por
parte de la autoridad reprochada, con posterioridad a la creación del Colegio
de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, no obstante la prohibición del
artículo 41 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria; b) el Acuerdo adoptado en asamblea
general extraordinaria del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas, celebrada el veintinueve de septiembre
de dos mil catorce, en el cual se decidió continuar colegiando a los profesionales
de la carrera de Contador Público y Auditor, decisión que fue documentada en
Acta cero seis-dos mil catorce diagonal dos mil quince (06-2014/2015).
El Tribunal de primer grado dispuso declarar improcedente el amparo solicitado
al considerar que el Acuerdo aludido en el inciso b) relacionado en el
precedente párrafo, era susceptible de impugnarse haciendo uso del recurso de
apelación que regula el artículo 21, inciso c), de la Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria, por lo que se incumplió con el presupuesto de
definitividad.
---III---
El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala y la Asamblea de
Presidentes de los Colegios Profesionales expresaron como agravio al interponer
el recurso de apelación que el fallo de primer grado se sustenta en la falta de
definitividad que es inexistente. Por razón de método debe examinarse en
primer orden el cumplimiento del requisito aludido y, asimismo, del presupuesto
procesal de temporalidad que denuncia la autoridad reprochada que concurre en
el asunto bajo estudio.
Respecto del presupuesto
procesal de definitividad en el acto o resolución reclamada, esta Corte en
anteriores oportunidades ha considerado: “La definitividad en el acto se produce cuando este ha sido impugnado
mediante todos los recursos idóneos previstos en la ley que lo rige u otra
aplicable supletoriamente. Tal circunstancia implica que en el procedimiento de
impugnación aquel acto fue revisado en una o más ocasiones, sea por el mismo
órgano que lo dictó u otros en secuencia jerárquica. Por esta razón, debe
señalarse que sólo cuando los instrumentos ordinarios intentados han resultado
ineficaces, se habrá llegado al estado en que, por presumirse que el agravio
provocado persiste, la instancia constitucional adquiere posibilidad de
procedencia para repararlo…” (sentencias de dos de agosto de dos mil
trece, veintinueve de enero de dos mil catorce y veinticuatro de enero del
citado año, dictadas, respectivamente en los expedientes, 1251-2013, 1901-2013
y 3883-2013).
El artículo 21 inciso c) de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria,
regula: “Son derechos de los colegiados
activos: (…) c) Apelar las resoluciones de la Asamblea
General, de la junta directiva y del Tribunal Electoral, ante la junta
directiva de cada colegio (…)”. En congruencia con lo anterior, esta Corte
advierte que el postulante no tenía la disponibilidad del recurso de apelación
al que se refiere la precitada norma, dado que la legitimación activa para
hacer uso de ese medio de impugnación la ostentan exclusivamente los colegiados
activos agremiados a “cada colegio”.
De esta cuenta, la norma aplicable en el caso en que concurra conflicto de
intereses entre dos colegios profesionales, como se suscita en el asunto bajo
análisis, es el artículo 33, inciso d), de la Ley ibídem, que establece que a
la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales le está asignada la
siguiente función y atribución: “(…) d)
En caso de conflicto de intereses entre colegios profesionales es obligatoria
su intervención a fin de arbitrar soluciones conciliatorias equitativas en
función del espíritu universitario. Los órganos de cada colegio profesional
están obligados a agotar previamente esta instancia antes de acudir a otras
vías legales (…)”
Consta en autos que el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas, ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del ramo Civil y Mercantil, solicitó amparo contra la Asamblea de Presidentes
de los Colegios Profesionales, señalando como acto reclamado el pronunciamiento
de diez de junio de dos mil trece, por el que la autoridad cuestionada en aquel
proceso, “evadió la obligación de asumir
una posición conciliatoria” en el conflicto que se suscita con el Colegio
de Contadores Públicos y Auditores, respecto a que ambos pretenden la
inscripción y registro de los egresados de la carrera universitaria de Contador
Público y Auditor. El Tribunal de Amparo que conoció de ese asunto otorgó la
protección constitucional solicitada y esta Corte al conocer en alzada confirmó
la sentencia apelada [sentencia del quince de mayo de dos mil catorce, dictada
dentro de los expedientes acumulados 4608-2013 y 4893-2013].
Como consecuencia de lo resuelto en esos fallos la Asamblea de Presidentes de
los Colegios Profesionales verificó el procedimiento conciliatorio antes
mencionado y, el veintisiete de octubre de dos mil catorce, dio por agotada esa
vía, en virtud de que el veintinueve de septiembre de ese año los agremiados al
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas celebraron asamblea general extraordinaria en la que acordaron que
continuarían colegiando a los Contadores Públicos y Auditores –acto reclamado–
y solicitaron que se diera por agotada la instancia
conciliatoria. Al haberse agotado las gestiones conciliatorias, los
interesados quedaron investidos de la facultad de hacer uso de su derecho
de accionar a donde corresponda haciendo uso de los mecanismos pertinentes que
instituye el ordenamiento jurídico, tal el caso del proceso constitucional de
amparo, dado que no existe en la jurisdicción ordinaria otro procedimiento o
recurso para enervar los efectos de los actos agraviantes, por lo que esta
Corte estima que en el presente caso sí se cumple con el presupuesto procesal
de definitividad.
El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas, cuestiona que la solicitud de esta garantía constitucional es
extemporánea, porque la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales,
en el año de dos mil cinco, constituyó y registró el Colegio de Contadores
Públicos y Auditores de Guatemala; sin embargo, la autoridad reprochada ha
permanecido agremiando a los egresados de esa carrera universitaria
aproximadamente durante diez años, sin que la ahora postulante haya planteado
su solicitud desde el momento en que fue autorizado su funcionamiento. Al
respecto esta Corte estima que en el presente asunto, es aplicable la teoría
del agravio continuando, por lo que se produce una excepción al presupuesto
procesal de temporalidad que regula el artículo 20 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, precisamente, por la aserción de
que pese a la existencia de un colegio profesional específico, la entidad
contra la que se insta el amparo, ha continuado ejerciendo actos destinados a
la afiliación de contadores públicos y auditores; razón por lo que es
procedente examinar la pretensión de fondo y determinar si efectivamente se ha
ocasionado el agravio que el postulante denuncia.
---IV---
En el caso bajo examen, el amparista
afirma que le causa menoscabo en la esfera de su imputación jurídica que
el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas, continúe colegiando a los contadores públicos y auditores, no
obstante ya existe un Colegio específico para esa profesión, por lo que con su
proceder contraviene los derechos de seguridad y certeza jurídica, de
asociación, el principio de legalidad y, especialmente, el artículo 41 de la
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria que establece: “Aquellos profesionales universitarios que no cumplan con los requisitos
para organizarse legalmente como colegio, en tanto se complementen éstos,
deberán inscribirse y registrarse en el colegio que tenga mayor afinidad con su
profesión, previo dictamen de la Asamblea de Presidentes de los Colegios
profesionales.---No podrá existir más de un colegio profesional por cada una de
las profesiones universitarias.”
La autoridad reprochada al rendir informe circunstanciado señaló que el origen
de su fundación como entidad representativa gremial data de mil novecientos
cincuenta y uno y que sus Estatutos fueron aprobados el diez de julio de ese
año, por el Consejo Superior Universitario, en tanto que la entidad postulante
se declaró constituido hasta el año de dos mil cinco por la Asamblea de
Presidentes de los Colegios Profesionales; sin que este último acto haya
modificado las normas legales que regulan el funcionamiento del sujeto pasivo
de esta acción constitucional, el que según argumenta la autoridad cuestionada,
ostenta un derecho adquirido para continuar agremiando a los profesionales de
la carrera universitaria de Contador Público y Auditor.
El diecisiete de noviembre de dos mil tres, Oscar Velásquez Flores, Raúl
Francisco Lemus Girón, Oscar Chile Monroy, Roberto Vinicio Zacarías, Walter
Esteven Molina Mayén, Salvador Israel Monroy Cerón y Felipe Antonio Gómez
Fuentes, quienes afirmaron actuar en nombre propio y como miembros de la Junta
Directiva Provisional del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala,
solicitaron amparo ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, contra la
Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, señalando como acto
reclamado la disposición dictada por esta última por medio de la cual no
accedió a la inscripción del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de
Guatemala. El Tribunal de Amparo de primer grado otorgó la protección de la
garantía constitucional y, para los efectos positivos, fijó el plazo de cinco
días para que se declarara que procedía la constitución y registro del referido
colegio profesional. Este fallo fue confirmado por esta Corte en sentencia de
diecinueve de enero de dos mil cinco, dictada dentro del expediente 1847-2004.
En debida ejecución de lo resuelto, el veintiocho de abril de dos mil cinco, la
Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, en el punto tercero de
la sesión extraordinaria celebrada en esa fecha, acordó la constitución y
registro del colegio profesional ya citado.
Asimismo, consta en autos que el nueve de agosto de dos mil diez, la Asamblea
de Presidentes de los Colegios Profesionales, emitió pronunciamiento en el
sentido de que a partir de esa fecha todos los profesionales de la carrera de
contadores públicos y auditores, egresados de las diferentes universidades que
operan en el país, “(…) deben inscribirse
exclusivamente en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.”
y, además, indicó que el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas, deben abstenerse de continuar
registrando a los contadores públicos y auditores.
El punto toral de la controversia suscitada radica en establecer si la
autoridad reprochada puede continuar agremiando a los contadores públicos y
auditores egresados de las universidades del país. De esa cuenta, esta Corte
estima que de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria, la afinidad de profesión de mérito con el colegio
cuestionado, ya no subiste en la actualidad, dado que se autorizó la
inscripción y registro de un colegio específico para la profesión de Contador
Público y Auditor, correspondiéndole a este la colegiación obligatoria de los
profesionales de esa carrera universitaria, tal como lo establece el artículo
90 de la Constitución política de la Republica y, el debido cumplimiento de la
finalidad de la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y
material de sus agremiados, así como, el control de su ejercicio
profesional, de conformidad con la Ley ibídem.
En otros términos, las actividades realizadas por la autoridad reprochada desde
mil novecientos cincuenta y uno para la asociación de contadores públicos y
auditores tuvieron su justificación histórica en la ausencia de un colegio
específico que representara a los referidos profesionales, pero habiéndose
autorizado el funcionamiento del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de
Guatemala, es a este a quien compete ejercer, con exclusividad, la
asociación obligatoria y representación gremial de los profesionales
mencionados, dado que el artículo 41 de la Ley citada prohíbe que exista “(…) más de un colegio profesional por cada una
de las profesiones universitarias.”
Ese
precepto también regula que los profesionales universitarios que no cumplan con
los requisitos para organizarse legalmente como colegio, en tanto se
complementen estos, deben inscribirse y registrarse en el colegio que tenga
mayor afinidad con su profesión, previo dictamen de la Asamblea de Presidentes
de los Colegios profesionales. Por consiguiente, no puede acogerse el argumento
de que la entidad cuestionada ostenta derechos adquiridos para continuar
agremiando a los contadores públicos y auditores egresados de las diferentes
universidades del país, porque la situación jurídica concreta no se ha
consolidado bajo el imperio de una ley que garantice tal derecho, sino por el
contrario la norma especial aplicable al presente asunto, prevé que, la
obligación de la inscripción de los profesionales universitarios en el colegio
más afín, subsiste hasta el momento en que se cumpla con los requisitos
para autorizar el funcionamiento de su propio colegio profesional, lo cual
precisamente, ha sucedido en el asunto bajo análisis.
En congruencia con lo anterior, esta Corte estima que efectivamente los actos
contra los que el postulante reclama en sede constitucional producen agravio
que es reparable por medio del amparo y, consecuentemente, debe revocarse la
sentencia apelada y, al resolver conforme a derecho, debe otorgarse la protección
de esta garantía al postulante, y para los efectos positivos del fallo procede
ordenar a la autoridad reprochada que cese de colegiar a los contadores
públicos y auditores.
---V---
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligatoria cuando
se declare procedente el amparo y, en el presente caso, a criterio de esta
Corte no concurre ninguna causal para su exención, por lo que deberá
hacerse el pronunciamiento respectivo en la parte resolutiva del presente
fallo.
LEYES APLICABLES
Artículos
citados y, 265, 268 y 272, inciso c), de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 1o., 2o., 3o., 4o., 8o., 10, 42, 43, 44, 47, 49, 52,
53, 60, 61, 66, 67, 78, 149, 163, inciso c), y 185 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 36 del Acuerdo 1-2013 de la Corte
de Constitucionalidad; y Acuerdo Número 02-2016 de la Corte de
Constitucionalidad.
POR TANTO
La
Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas,
resuelve: I) Con lugar los recursos de apelación interpuestos,
respectivamente, por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de
Guatemala, postulante
del amparo, y por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales,
tercera interesada. II)
Se revoca la sentencia
apelada, por las razones consideras en este fallo y, al resolver conforme a
Derecho: a) Se otorga el amparo solicitado por el Colegio de
Contadores Públicos y Auditores de Guatemala contra el Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. b) Se dejan en suspenso los actos
reclamados consistentes en: i) la colegiación de los profesionales
de la carrera de Contador Público y Auditor, egresados de las diferentes
universidades del país, por parte de la autoridad reprochada; ii) el Acuerdo adoptado en asamblea
general extraordinaria del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas, celebrada el veintinueve de septiembre
de dos mil catorce, en el que la entidad cuestionada decidió continuar
colegiando a los profesionales de la carrera de Contador Público y Auditor; c) Para los efectos positivos del fallo, se ordena que la autoridad
reprochada que debe cesar de colegiar a profesionales de la carrera de Contador
Público y Auditor, a partir del momento de que este fallo cobre firmeza,
debiendo los agremiados de esa carrera universitaria que hubieren sido
inscritos y registrados en el Colegio de Economistas, Contadores
Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, gestionar su asociación
obligatoria ante el Colegio
de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala; lo anterior, sin perjuicio de
los derechos gremiales que hayan adquirido los profesionales que se encuentran
inscritos en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas,
en momento previo a la emisión de esta sentencia; d) Se conmina a la autoridad responsable que dé exacto cumplimiento
a lo resuelto, bajo apercibimiento de que en caso contrario se certificará lo
conducente por el delito de Desobediencia, sin perjuicio de las demás
responsabilidades legales. III) Se
condena en costas al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y
Administradores de Empresas. IV) Notifíquese
y, con certificación de lo resuelto, devuélvase el antecedente.
GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR
PRESIDENTA
MAURO RODERICO CHACÓN
CORADO
HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA
MAGISTRADO
MAGISTRADO
ROBERTO MOLINA
BARRETO
MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR DE MENDEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADA
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL
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